Este viernes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, presentó el informe de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, en el marco de la última reunión de evaluación. Este sábado se cumplen los 120 días de plazo.


La titular de la cartera de Estado explicó que se intervino el 100 por ciento de los juzgados (se trata de 18 jueces) de ejecución penal del país y se revisaron, en tres etapas, 327 casos de feminicidios y violaciones.

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“Se identificaron irregularidades en procesos llevados por jueces de ejecución penal que liberaron a feminiciadas y violadores con sentencias. De esos 18 jueces/juzgados, el 83 por ciento fueron procesados, es decir 15 fueron procesados por la vía penal o administrativa”, explicó Prada.

La ministra también indicó que de esos 15 jueces, 10 fueron destituidos. A esto se suma la destitución de 8 fiscales. Prada no brindó más detalles sobre los funcionarios sancionados.

“La comisión no sólo ha revisado casos pasados, ha sentado un presente histórico a futuro para evitar que feminicidas y violadores sentenciados sean liberados”, añadió.

“No todos los jueces son malos operadores”, aseveró Prada.

En tanto, 21 feminicidas y violadores fueron recapturados y la Fiscalía generó 50 órdenes de aprehensión para otras recapturas.

Prada indicó que los jueces usaban como pretexto enfermedades terminales para liberar reos sentenciados. 

Prada y el resto de las autoridades, que la acompañaron, se retiraron de la exposición son responder a las preguntas de la prensa y la Ministra anunció que se brindará entrevistas a los medios para dar detalles del informe.

La Comisión se conformó en febrero de este año tras que la conmoción causada por el caso del feminicida serial Richard Choque, quien volvió a asesinar tras conseguir su libertad pese a tener una sentencia de 30 años sin derecho a indulto por un anterior feminicidio. Durante la investigación, se halló el cuerpo de su primo desaparecido hace 11 años.

El caso destapó una red de corrupción que implicaba a jueces, abogados y otros funcionarios. Además de irregularidades dentro los penales.

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