El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que se solicitará al Ministerio Público que cite a todo el Gabinete de Jeanine Áñez, incluida ella, para que declare por la firma de tres decretos que permitieron adquirir gases lacrimógenos y otro material no letal a través una empresa intermediaria en el extranjero.

Esta compra fue realizada de manera irregular, según reveló una investigación de la justicia estadounidense, se pagaron sobornos y se intentó lavar el dinero a través de bancos en Estados Unidos. Por este caso se encuentran detenidos en el país del norte, el exministro Arturo Murillo y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez.

 “Como Ministerio le vamos a pedir a la Fiscalía que los cite como testigos y les vamos a pedir el día de hoy (lunes), a los fiscales, que comiencen con las declaraciones (…). Se va a citar a la señora Áñez y a todo el Gabinete de ministros que firmaron los tres decretos supremos, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Son 17 ministros, algunos que han cambiado, otros que no están en el país”, informó Lima en declaraciones a medios estatales.

“No estamos pidiendo su detención, no es una persecución política, es el camino que marca el debido proceso, si ellos tienen que decir su participación o no en este caso, lo correcto es que se presenten a la Fiscalía y que no esperen a que el Ministerio Público los cite”, agregó.

​20 procesados vinculados a Murillo

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que hasta la fecha, dentro del caso de compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, son 20 personas las investigadas y cinco aprehendidas, además de que se desarrollaron varias actuaciones procesales.

“Estamos desarrollando el proceso de investigación, también se ha ampliado para el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Son siete tipos de delitos por los cuales está siendo procesado todo este grupo de personas”, subrayó.

Por otro lado, el Fiscal General comunicó que, tras la presentación de la solicitud de extradición de Murillo, el cual sigue su trámite regular a través de la autoridad jurisdiccional y el Ministerio de Relaciones Exteriores para posteriormente ser remitido a Estados Unidos (EEUU), se pidió también la repatriación de todos los activos relacionados con este caso.

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