El FBI abrió una investigación sobre sobornos que implican a una empresa particular que sirvió de intermediario para la compra de gases lacrimógenos y otro material no letal en la gestión de Jeanine Añez. 

Dentro de las primeras acciones que se han ejecutado es la detención de Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de Gabinete del exministro Arturo Murillo.

"Desde mi forzado e injusto exilio veo en la investigación del FBI, una luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad. El pueblo boliviano sabe que trabajé incansablemente por el país, apegado a la CPE", escribió en su cuenta de twitter el exministro de Defensa Fernado López, quien es investigado en Bolivia por el denominado caso gas lacrimógeno.

Unitel accedió a la declaración jurada del agente especial de investigaciones de Seguridad Nacional de Estado Unidos, que estuvo a cargo de la investigación centrada en Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, quien identificó 50 puntos que sostienen la acusación contra esta persona y que confirman que hubo al menos dos sobornos para beneficiar a una empresa particular.

“Tal cómo se describe en mayor detalle abajo, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld pagaron sobornos por al menos $us 582.000 a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, un oficial (funcionario) del Ministerio de Gobierno de Bolivia y al menos $us 20.000 al co-consipirador 2, un oficial (funcionario) del Ministerio de Defensa de Bolivia a cambio de utilizar sus posiciones oficiales para asistir a la empresa intermediaria”, señala.



Se detalló que para lavar el dinero, los funcionarios realizaron transferencias desde una cuenta bancaria del Banco Central de Bolivia a cuentas bancarias pertenecientes a la empresa intermediaria ubicada en los Estados Unidos y luego enviaron el dinero a otra cuenta controlada por Philip Lichtenfeld, esta vez ubicada en Bolivia.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo dijo en conferencia de prensa apuntó que en la compra de gases lacrimógenos, que se ejecutó en 2020, hubo un sobreprecio de más de 2.3 millones de dólares en el entendido de que el Estado desembolsó la suma de 5.7 millones de dólares cuando el valor real de lo que se adquirió era de 3.3 millones de dólares.

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