El fiscal William Alave informó este viernes que el Ministerio Público recibió la información de que el exministro de Defensa, Luis Fernando López, está en Brasil y comenzará a canalizar, vía Cancillería, los mecanismos correspondientes para su retorno con miras a que rinda cuentas por la imputación en su contra por el caso denominado “Gases lacrimógenos”.

“El día de hoy justamente hemos recibido la información de que estuviese en Brasil, hubiese ingresado a Brasil en enero por Corumbá, vía terrestre, y ya el Fiscal (General del Estado) tiene conocimiento de aquello, ya que analizaremos de manera inmediata, como lo hemos hecho en este caso de Murillo, y canalizaremos vía Cancillería lo que corresponda para poder también traerlo y que responda por esta imputación”, aseveró, en declaraciones a medios estatales.

Por este caso fueron aprehendidos el viernes Pedro Miguel Rea, exdirector de Logística del Ministerio de Defensa y Raúl López González, que era asesor jurídico en esta cartera cuando López era ministro.

Rea se había presentado voluntariamente a declarar por el caso ante la Fiscalía más temprano.

El caso denominado “Gases lacrimógenos” tiene como antecedente el hecho de que el 25 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno envió una carta-contrato a la empresa brasileña Cóndor, en la cual invita a la firma a presentar una propuesta económica para la compra de agentes químicos para la Policía Boliviana.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Ministerio de Gobierno envió otra carta a la empresa Cóndor, mediante la cual hizo conocer que decidió la compra de agentes químicos a través de la empresa intermediaria Bravo Tactital Solutions Llc. Ambas cartas llevan la firma de altos funcionarios del Ministerio de Gobierno.

Los depósitos de pago de parte del Gobierno boliviano, en específico del Ministerio de Defensa, fueron realizados a través del Banco Central de Bolivia a una de las dos cuentas que la empresa intermediaria tiene en US Bank, según una investigación del Buró Federal de Inteligencia (FBI, por sus siglas en inglés).

La empresa intermediaria, ubicada en Estados Unidos, tuvo ganancias de más de $us 2 millones en todo el proceso, dinero que sirvió también para pagar sobornos a los exfuncionarios bolivianos implicados en el caso, señala la investigación.

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