Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld son acusados de pagar sobornos por al menos $us 582.000 a Sergio Rodrigo Méndez y Arturo Murillo y al menos $us 20.000 al "co-consipirador 2", un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia, a cambio de utilizar sus cargos para ayudar a una empresa intermediaria en la compra de armamento no letal para la Policía boliviana.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, puntualizó que está en investigación si la compañía de los Berkman también realizó otros negocios en anteriores oportunidades con el Estado.

"De manera preliminar, esta sería la única contratación de los Berkman al Estado boliviano", dijo el ministro de Gobierno pero adelantó que "todos los procesos de corrupción, todas las personas que tienen indicios de corrupción, tienen que ser investigados en la administración de justicia".

La explicación que brindó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo indica que desde la anterior administración, de la que formaba parte Murillo, hubo una empresa que provee los gases lacrimógenos a Bolivia pero que luego "hacen aparecer una empresa intermediaria de la que el padre de su representante, es amigo de infancia de Murillo".

Se informó que el daño al Estado boliviano en el caso de la compra de armamento fue de 2.3 millones de dólares.

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