La muerte de Cristofer Q. es investigada por las autoridades que manejan la hipótesis de que hubiera habido implicancia, "no directa", de personal policial y administrativo en la golpiza que derivó en el fallecimiento de este interno del penal de Chonchocoro que estaba próxima a recuperar su libertad.

Juan Carlos Limpias, director General de Régimen Peintenciario, informó que la familia del occiso ha hecho una denuncia y que se ha invitado al Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) para que participen de las investigaciones.

La Defensoría del Pueblo también ha participado de los trabajos y ya ha sostenido entrevistas con otros internos que pudieran aportar con datos que ayuden a esclarecer este caso.

"No se va a encubrir a ningún funcionario, ni civil, ni policial", anticipó Limpias.

Por la muerte del interno hay cuatro privados de libertad que ya han sido plenamente identificados y se ha dispuesto que sean aislados de la población carcelaria, pero se presume que hubiera habido otros participantes.

"Hay bastantes hipótesis que se han ido manejando, la familia hace una denuncia respecto a que el director habría participado, hay un teniente de la Policía que habría participado, pero lo que nos corresponde es dar las condiciones para que trabajen los investigadores y pronto nos puedan a los responsables para sancionarlos", dijo Limpias en entrevista con La Revista de Unitel.

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"No hay una participación directa; nos hemos apersonado por esta supuesta participación de funcionarios policiales. Se citará a todos los que estaban en ese grupo de seguridad. Algunos privados de libertad nos indicaban que se escuchaban los gritos", manifestó.

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