Tras cinco horas de arresto, la Policía determinó liberar al periodista Carlos Quisbert quien fue detenido en horas de la mañana tras realizar su cobertura periodística en inmediaciones del conflicto entre cocaleros de los Yungas y la Policía.

Pasaron cinco horas para que el reportero de un medio escrito deje las dependencias de la Felcc quien estaba acusado de haber agredido a un efectivo policial. 

El periodista contó que fue atropellado y agredido por un grupo de policías cuando intentaba realizar la cobertura de un grupo de mujeres que estaban de rodillas en inmediaciones del Hospital San Francisco de Asís donde estaba internado Armin Lluta. 

Según el reporte preliminar, indica que el periodista habría agredido al efectivo policial que se encontraba con su motocicleta y armado con su equipo antidisturbios. El efectivo tendría dos días de impedimento, según el Idif. 

“El mismo policía con el que tuve el altercado, al que le grabé amenazándonos a los periodistas, se presenta como víctima, con un certificado de impedimento de dos días. Le exijo al IDIF y a la Fiscalía es que informe quién es ese médico que le dio los dos días de impedimento y queremos conocer el contenido de ese certificado”, señaló el periodista.



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Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, repudió las agresiones al periodista y advirtió que no se "criminalizará" el trabajo de la prensa y el ejercicio de la libertad de expresión.   

“Lo que yo he venido a decir acá es que los trabajadores de la prensa pueden cumplir con su trabajo y hemos garantizado el ejercicio. Ahora, en este momento, lo que repudiamos es que vengan agresiones de cualquier lado”, dijo la autoridad. 

Al respecto la Defensoría del Pueblo, exigió la liberación del periodista detenido y condenó los conflictos sociales entre los policías y cocaleros de los Yungas. 

“Exigimos a la Policía Boliviana la inmediata liberación de este periodista, en contra de quién hemos observado la vulneración de sus derechos; se ha obstaculizado su labor periodística, se lo ha enmanillado y le han echado gases lacrimógenos en su rostro. Estos hechos generan procesos de responsabilidad en la Policía Boliviana”, dijo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.


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