El caso de una menor de 8 años que fue agredida y quemada por su propio padre durante varios años en el municipio de Capinota ha causado conmoción en Cochabamba.

La jornada de este pasado domingo, el hombre de 37 años fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de San Pablo de Quillacollo, sin embargo, la defensa de la niña denunció que la Defensoría de la Niñez no estaría prestando el respaldo que debería a la víctima.

La abogada, Andrea Severich, y el representante de Derechos Humanos, Hugo Iriarte, afirman que el caso se habría denunciado hace bastante tiempo ante las autoridades de la Defensoría y la Alcaldía de Capinota, pero estas habrían minimizado el hecho para no atenderlo.

“El director de la unidad educativa donde estudia la niña ha denunciado en reiteradas oportunidades en Defensoría de Capinota, donde refieren que tenían otros casos más importantes que atender”, indicó Iriarte en una entrevista con La Revista de UNITEL.

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Ante la falta de atención, los profesores se comunicaron con la madre de la pequeña quien se encuentra viviendo en España, y es ella la que logra buscar ayuda con el colectivo ‘Mujeres de Fuego’ y posteriormente con derechos humanos para poder denunciar el hecho.


La investigación fue avanzando con la ayuda de personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) donde se logró aprehender al responsable antes de que pueda huir hacia Chile, posteriormente fue puesto ante un juez cautelar.

Sin embargo, la Defensoría durante la audiencia contra el padre en vez de velar por la seguridad de la niña se limitó a pedir una investigación contra la abogada de la víctima por presentar una denuncia contra esta institución por incumplimiento de deberes.

“Esta funcionaria (de la Defensoría) se pasa el trabajo de llamar a la mamá hasta España para decirle “para qué denunciaste ante las ‘Mujeres de Fuego’ ahora atente a las consecuencias”, indicó Severich.

Ahora derechos humanos y la defensa de la pequeña espera que se investigue a la alcaldesa de Capinota y a la funcionaria de la Defensoría de la Niñez ante estas irregularidades, ya que temen que no se preste las garantías necesarias a la víctima.

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