Hugo Bustos es uno de los investigadores que llegó hasta Bolivia en busca de vehículos que habían sido robados en Chile y que fueron captados en el domicilio de una exautoridad policial.

Según el director del Grupo de Búsqueda, un 90% de los motorizados que son sustraídos en su país se encuentran en poder de autoridades bolivianas.


Bustos identificó además que existen tres dificultades en estos hechos y que la primera está en el lugar en el que se encuentra el vehículos, los cuales pueden ser zonas en las que no se pueden ingresar.

El segundo es que el motorizado esté en poder de una autoridad, “si el vehículo está en poder de la Policía, (ellos) no se puede autodenunciar ante el Ministerio Público, es imposible”, afirmó.

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“Si elaborara una estadística, un 89 o 90% de probabilidades es que están en manos de algún policía, militar, una autoridad que obviamente lucran con el tema del vehículo robado o son sobornables, que aceptan un vehículo a cambio que dejen pasar otro”, manifestó Bustos.

La tercera sería un soborno, el cual llaman “tranca”, donde se va desembolsando dinero hasta poder sacar el vehículo como corresponde. Los montos aproximados para estos cobros estarían entre los 50 y 300 dólares, según el investigador chileno.

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