El exministro de Gobierno Arturo Murillo, de 57 años, su exjefe de gabinete Sergio Méndez, de 51, así como tres empresarios estadounidenses fueron arrestados entre el 21 y 22 de mayo, en Florida y Georgia (EEUU). Son acusados de soborno y lavado de dinero.

Según documentos judiciales, los tres estadounidenses son sospechosos de haber pagado entre noviembre de 2019 y abril de 2020 unos 602.000 dólares en sobornos a funcionarios bolivianos en beneficio de Murillo y Méndez.

Para lavar el dinero, los funcionarios realizaron transferencias desde una cuenta bancaria del Banco Central de Bolivia a cuentas bancarias pertenecientes a la empresa intermediaria ubicada en los Estados Unidos y luego enviaron el dinero a otra cuenta controlada por un socio de los acusados, esta vez ubicada en Bolivia.

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Según la investigación, Arturo Murillo, su jefe de gabinete junto con otro asociado del Ministerio de Defensa ayudaron a una empresa con sede en Florida a obtener un contrato por 5.6 millones de dólares para proveer gas lacrimógeno y pertrechos no letales al Gobierno de Jeanine Añez.

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El intermediario compró el gas lacrimógeno, balines y otros en Brasil por 3.3 millones de dólares y luego entregó el material por 5.6 millones de dólares. Parte de las ganancias se utilizaron para coordinar el pago de sobornos.

Gobierno boliviano sigue el caso

El actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo adelantó que se mantendrán "atentos" al desarrollo del caso en los Estados Unidos, pero que de manera paralela se seguirá la investigación en el país. Pedirán, a través de la cooperación internacional que existan representantes bolivianos en la audiencia de Murillo que puedan aportar mayores datos de convicción.

El daño económico al Estado de Bolivia fue de 2.3 millones de dólares, dinero que fue desviado en beneficio de particulares.

En Bolivia tres personas han sido aprehendidas acusadas de tener vínculos con Arturo Murillo. Uno de los aprehendidos es el excuñado del exministro, que en varias oportunidades retiró dinero de las cajas de seguridad que tenía el exministro en una entidad financiera.

Si Murillo, su exjefe de gabinete y los otros tres acusados son declarados culpables se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

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