Tras el allanamiento a las oficinas de Saguapac y la aprehensión de uno de sus gerentes, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) manifestaron -por separado- su rechazo a lo ocurrido señalando que se debe velar por la institucionalidad y la seguridad jurídica con el respeto al debido proceso y a la propiedad privada.

La CAO expresó su preocupación por "los hechos suscitados en instituciones cruceñas" y que se demanda "un proceso objetivo e imparcial" rechazando "cualquier exceso o abuso de poder que se realice contra las mismas".

"Exigimos a las autoridades correspondientes el respeto al debido proceso, a la propiedad privada, garantizar la seguridad jurídica en el país y respetar las normativas vigentes", dice parte del comunicado.

Por su parte la Cainco expresa su preocupación institucional con relación al allanamiento a Saguapac "y la detención intempestiva de uno de sus ejecutivos" indicando que "es fundamental un proceso objetivo, imparcial y transparente para esclarecer los hechos investigados, que respete los derechos y garantías constitucionales de las empresas, instituciones y personas objeto de la investigación".

Consideran que "se debe velar por la institucionalidad y la seguridad jurídica en el país, razón por la cual nuestra institución demanda a las autoridades competentes que respeten el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia establecida en la Constitución Política del Estado; garantizando de este modo una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, como lo manda el ordenamiento jurídico nacional".

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En el pronunciamiento de los empresarios privados se señala también la preocupación por el allanamiento y el proceso en contra de uno de sus ejecutivos "a pesar de que esta institución ha demostrado su plena disposición a colaborar en el proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía".  

"Es evidente que el país necesita encarar una lucha frontal contra la corrupción pero que, en respeto a los derechos enmarcados en la Constitución Política del Estado, toda investigación debe darse en el marco del debido proceso, el derecho a la defensa y con imparcialidad para evitar generar un clima de incertidumbre y de inseguridad jurídica en la población en general", dice el pronunciamiento. 

El documento termina manifestando la solidaridad de los empresarios cruceños con la cooperativa de servicios y con el conjunto de sus ejecutivos, funcionarios y trabajadores.

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