A través de un comunicado oficial, la representación de la Organización de Naciones Unidas en Bolivia hizo un llamado a proteger los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados.

El pronunciamiento hace referencia al reciente caso de la niña de 11 años que quedó embarazada producto de una violación y cuya familia desistió en el último momento a interrumpir el proceso de gestación.

“Someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”, señala la nota.

La ONU también recordó que el Comité Contra la Tortura de la OINU, “en reiteradas oportunidades ha establecido que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable”.

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En el comunicado también se menciona la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 que establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.

La niña de 11 años que quedó embarazada producto de una violación en Yapacaní fue dada de alta de la maternidad Percy Boland y la familia ratificó que continuará con el proceso de gestación, comunicó el martes un representante de la Iglesia Católica que asesora a la familia.

Según Víctor Hugo Valda, delegado Episcopal de Salud, la niña se encuentra en buen estado de salud y fue trasladada a un hogar, donde recibirá atención especializada.

Valda aseguró que se ha respetado la decisión de la familia de la menor.




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