El caso del menor de once años que era obligado por sus padres a vender ocho cajas de chocolate de forma diaria, caso contrario era flagelado, sacó nuevamente a la luz una situación que es recurrente dentro de nuestra sociedad: la mendicidad forzosa y el trabajo infantil, algo que está prohibido y es penado judicialmente.

Para la jueza del menor, Shirley Becerra, la práctica que a veces parece común, que es la de entregar dinero a un niño en calidad de limosna, no debe hacerse porque "eso los retiene en las calles".

Remarcó que el Estado establece normas que protegen sus derechos entre los que se establece el acceso a la educación, vestimenta, alimentación y de ninguna manera se permite el trabajo; en el caso denunciado en Montero, "era al revés" pues "los niños no tienen la obligación de trabajar para mantener a los padres".

En la ley 263 de lucha contra la Trata y Tráfico de personas se establece en su artículo 281 que aquellas personas que adecúen su conducta a explotación laboral o mendicidad forzosa pueden ser sancionados con una pena de hasta 20 años.

 

"No demos dinero en la calle porque eso los retiene a los niños y nosotros nos convertimos en cómplices de esta explotación laboral que hacen los padres que hacen terceras personas de la mendicidad forzosa", dijo Becerra.

Sobre el caso conocido en Montero, argumentó que será un precedente para sancionar este tipo de prácticas que está fuera de la ley y que no deben permitirse dentro de la sociedad.

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