En cuestión de una semana, la Justicia dejó sin efecto las ordenes de aprehensión que pesaban sobre Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia; Javier Zabaleta, exministro de Defensa y Héctor Arce, exministro de Justicia. Sobre los dos primeros, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Jorge Aquino, explicó que fueron fallos procedimentales los que fueron determinantes para que se diera esta situación.

Explicó que, de acuerdo a la información que se le brindó, en el caso de Quintana -acusado de sedición y terrorismo- se emitió un mandamiento de aprehensión sin que previamente se lo haya citado. "El juez concedió la tutela porque a criterio de él, ha habido una vulneración del derecho básicamente a la defensa", apuntó Aquino en entrevista con UNITEL.

"Cuando emiten el mandamiento, dos días después, recién los fiscales hicieron conocer al juez de control jurisdiccional el inicio de la investigación", indicó.

En el caso de Javier Zabaleta, también hubo una figura similar pues se emitió un mandamiento de aprehensión sin que previamente se lo cite, además que "los fiscales sabían que ya estaba con asilo" en la Embajada de México por lo que, tal vez, pudieron haber cumplido con lo establece la norma y realizar la citación con ayuda o cooperación internacional.

Determinaciones recientes de la Justicia

El pasado 25 de octubre, el juez primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro, determinó dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia, Héctor Arce.

Para la noche del sábado 31 de octubre se convocó a una audiencia en la que la jueza, Claudia Castro Dorado, del juzgado 3ro, Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia a la Mujer, levantó la orden de aprehensión que existía sobre el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

En el caso de Javier Zabaleta se le suspendió la orden el 1 de noviembre tras una audiencia virtual.

Ayer el abogado Andrés Zúñiga, que defiende al exministro de Gobierno Carlos Romero, informó que la Fiscalía anuló la imputación que pesaba sobre la exautoridad debido a irregularidades que cometió el Ministerio Público durante la investigación.