Anapo advierte inacción del Gobierno tras avanzada de avasalladores en Pozo del Tigre
“Estos avasallamientos son realizados en predios que ya están trabajando, que ya están produciendo, que ya tienen inversión”, sostuvo el gerente de Anapo al pedir a las autoridades que cumplan con su deber
Ante nuevos avasallamientos registrados en la zona de Pozo del Tigre, al este cruceño, donde grupos irregulares no cesan su avance sobre predios productivos, desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) advierten una falta de acción del Gobierno, pidiendo a las autoridades cumplir con su deber constitucional.
“Estos avasallamientos son realizados en predios que ya están trabajando, que ya están produciendo, que ya tienen inversión”, lamentó el gerente general de Anapo, Jaime Hernández, en entrevista con Canal Rural.
Desde la institución productiva exigen una intervención inmediata para frenar estos hechos que, según denuncian, se repiten con impunidad y a la vista de las autoridades.
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La zona afectada, cercana a Pozo del Tigre, se caracteriza por su producción de granos estratégicos como sorgo, trigo y soya, por lo que el agro señala que no hay ningún argumento para que el predio pueda ser avasallado.
Otro de los casos críticos se centra en la Hacienda Santa Rita, avasallada por tercera vez el 5 de mayo por grupos que incluso se manejan con armas de fuego, de acuerdo con las denuncias que fueron advertidas por el agro.
Según Anapo, la propiedad cuenta con respaldo legal, medidas precautorias emitidas por el INRA y órdenes de aprehensión vigentes contra los cabecillas de la toma; sin embargo, no hay un desalojo de los avasalladores y en la aprehensión de los cabecillas.
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“El Estado no puede seguir tolerando que grupos armados encapuchados, con rifles y escopetas, se apoderen de propiedades legalmente constituidas”, declaró Hernández. “Es algo en lo que venimos insistiendo”, denunció.
La situación ha impedido que se cultiven más de 600 hectáreas de maíz en Santa Rita y actualmente están en riesgo 3.500 hectáreas de soya, además de decenas de fuentes laborales.
“Estamos hablando de delitos flagrantes: avasallamiento, portación ilegal de armas, robo, amenazas de muerte y destrucción de cultivos”, señaló el gerente. “Si queremos evitar que estos hechos se sigan repitiendo, se tiene que dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión, que ya están emitidas hace varios meses contra los que serían los cabecillas”, apuntó.