Presentan anteproyecto de ley para que se obligue a candidatos a participar de debates electorales
El anteproyecto de “ley de debate obligatorio para candidaturas del binomio presidencial” fue presentado por el abogado Paul Coca y entregado a la Presidencia de la Asamblea Legislativa
El abogado Paul Antonio Coca presentó el anteproyecto de “ley de debate obligatorio para candidaturas del binomio presidencial” con el objetivo de que se implemente esta forma de debatir ideas y propuestas en la previa a la jornada electoral, programada para el 17 de agosto en el país.
Dentro de la propuesta, se proyecta que la norma implementará los debates para presidente y vicepresidente, en primera y segunda vuelta, con sanciones a quienes no se presenten a debatir.
De acuerdo al proyectista, el debate es importante para construir una institucionalidad sólida y además la profundización de la democracia debe venir acompañada de la creación y fortalecimiento de la respectiva institucionalidad ciudadana-política-partidaria, porque solo así se tendrá un sistema democrático fuerte.
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En la norma se contempla que ley obligue al Órgano Ejecutivo a transmitir las incidencias de todos los debates por todos los medios de comunicación estatales, sin que ello signifique incremento adicional en su presupuesto; y que deben poner esas señales a disposición de todos los medios privados sin cobrarles ningún monto; y que los mismos deben estar, además, en lenguaje de señas.
La norma consta de tres capítulos, seis articulados, tres disposiciones finales, una disposición abrogatoria y derogatoria, estableciéndose dos debates presidenciales y uno vicepresidencial en primera vuelta; y un debate obligatorio para ambos cargos en Segunda Vuelta.
Sanciones
El proyecto de ley establece que una primera inasistencia a debatir, se sancionará con la suspensión inmediata y definitiva de toda publicidad estatal; a la segunda falta, se dará una multa de veinte salarios mínimos y remisión de antecedentes a la Contraloría; a la tercera inasistencia, la inmediata y definitiva inhabilitación del proceso electoral.
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El documento fue entregado el 30 de enero de 2025 a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y David Choquehuanca deberá tratarlo.
