Ante nuevas movilizaciones de gremiales, el Gobierno dice que el DS 4732 tiene dos años de vigencia y niega afectación a la propiedad privada.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que “el decreto supremo protege de las cláusulas y las prácticas comerciales abusivas, pero jamás obliga a los bolivianos a pedir autorización para la venta o compra de su casa”.
Los gremiales anunciaron otra movilización para este martes por el problema de los dólares, pero también para exigir la abrogación del Decreto Supremo 4732, que -en su juicio- atenta contra la propiedad privada. El sector anunció movilizaciones en Potosí y Sucre.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, señaló que la citada norma está vigente hace dos años y aseguró que hasta ahora ningún boliviano tuvo que acudir al Ministerio de Justicia para “pedir permiso” antes de comercializar sus bienes inmuebles.
“Dos años que tiene vigencia este decreto supremo y yo pregunto a todos los bolivianos, ¿Qué boliviano o qué boliviana, para vender o para comprar su casa ha tenido que ir a pedir permiso al Ministerio de Justicia? No vamos a encontrar ni una porque el decreto supremo no obliga, no orienta a ese tipo de acciones”, señaló Silva en una rueda de prensa en Tarija.
El viceministro insistió en que la norma “no es nueva y está orientada precisamente a proteger como Estado a la población boliviana que pueda adquirir un bien inmueble bajo la modalidad de la preventa”.
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“Sin embargo, en los últimos días y semanas ha sido utilizada como una bandera, como un instrumento por parte de la oposición, tanto de la bancada de radicales que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS), como también de políticos opositores, indicando de que este decreto supremo obliga a las personas a pedir autorización para la compra o venta de una casa al Ministerio de Justicia. Eso es absolutamente falso”, señaló.
“El decreto supremo protege de las cláusulas y las prácticas comerciales abusivas, pero jamás obliga a los bolivianos a pedir autorización para la venta o compra de su casa”, señaló.
El sector gremial exige la abrogación del Decreto Supremo 4732, pero también pide la abrogación de la resolución normativa 1021 referida a la facturación electrónica (aunque el sector no factura porque está incluido en el Régimen Simplificado) y el archivo del proyecto de ley 145/23 presentado por el senador Félix Ajpi que facultaría a las alcaldías a ejecutar decomisos de mercancía de contrabando en zonas secundarias, entre ellos mercados.
“Se van a entrar a la feria 16 de Julio”, reclamó el dirigente de los comerciantes, Antonio Siñani, quien lidera las protestas en La Paz.
Se prevé que el sector se movilice este martes en Potosí y Sucre, pero también en otros puntos del país.
El líder del MAS, Evo Morales, denunció, aunque sin pruebas, que el citado decreto puede afectar a los pobladores del trópico de Cochabamba que tienen lotes y tierras.
“Todo nuestro apoyo, el respaldo público a sectores movilizados por el decreto supremo 4732 y otro decreto también que tiene que ver con este tema. Ojalá de buenas abroguen y no sean de malas”, señaló Morales.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, consideró que detrás de las movilizaciones hay un fin político. “Después de más de dos años quieran politizar, yo no veo ninguna denuncia con relación a lo que han ido señalando sobre este decreto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evidentemente (es) político”, afirmó.
La norma
Tal decreto en cuestión fue puesto en vigencia en julio de 2022 y tiene el fin de frenar las cláusulas y prácticas comerciales “abusivas” en contratos de preventa de bienes inmuebles, cuyo cumplimiento está bajo tuición del Ministerio de Justicia, cartera de la que depende el Viceministerio de Defensa del Consumidor.
El decreto establece que los contratos sobre venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades conocidas comúnmente como preventa están normados y “en forma previa a la suscripción de los mismos, deberán contar obligatoriamente con la certificación de no contener cláusulas abusivas, misma que será emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia”.
Silva dijo que se trata de un decreto “que sigue la corriente iberoamericana, incluso latinoamericana” puesto que “varios países han incorporado dentro de las oficinas de Defensa al Consumidor estos mecanismos para proteger a los consumidores de bienes inmuebles y algunos proveedores que se aprovechan, reitero, de las cláusulas o las prácticas comerciales abusivas”.
