Decomisos: Gremialistas no confían en llamado al diálogo del Gobierno y alistan movilizaciones
En El Alto y Santa Cruz rechazaron las palabras del presidente, que habló de “buenos empresarios y buenos comerciantes”. Ratifican su exigencia de que se anule la disposición séptima de la ley del PGE 2025
El anuncio de una convocatoria al diálogo a los sectores que se oponen a la disposición séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza a “entidades competentes” a realizar decomisos de productos alimenticios, no ha convencido al sector gremial, que insiste en que se abrogue la medida..
El máximo dirigente de los gremiales en Santa Cruz, Edgar Álvarez, aseguró que no creen en la voluntad del Gobierno, ya que quedó clara la posición del presidente Luis Arce, durante su discurso por el Día del Estado Plurinacional, sobre el tema de las confiscaciones.
Arce había señalado más temprano: “El Gobierno nacional para defender el bolsillo de los bolivianos ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante, no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito del agio y especulación y afecten el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos”.
Álvarez dijo que “el diálogo se debió haber hecho en su momento, antes de lanzar leyes que son confiscatorias”. Además, criticó que haya hablado de “buenos gremiales”.
“Él (Arce) habla del buen productor, del buen gremialista, del buen comerciante, no entendemos quiénes son los buenos, seguramente los que tienen su cartón azul, deben ser los buenos”, cuestionó.
El dirigente confirmó que el 30 de enero se realizará un nuevo ampliado multisectorial y que esa es la fecha definitiva que tiene el Gobierno si no quiere que se activen movilizaciones a nivel nacional el 10 de febrero.
Por su parte, Toño Siñañi, dirigente de los gremiales en El Alto, calificó de “mentiroso” a Luis Arce, ya que aseguró que hace semanas se envió una carta para que el Gobierno abra una mesa de diálogo sobre el tema del decomiso.
“Quieren robar con el artículo (disposición) séptimo la mercadería como están haciendo con Emapa y no se está solucionando nada”, señaló y adelantó que su sector no esperará a febrero para iniciar movilizaciones y de manera escalonada se comenzará con las medidas de presión desde esta semana.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró este martes que la voluntad del Gobierno es abrir un espacio de consenso con los sectores que se sienten afectados, les pidió tranquilidad y aseguró que aún faltan temas como la reglamentación para que la norma se aplique.
“Los convocamos para poder explicar cuál es el objetivo, pero tomen en cuenta que se necesita una etapa de reglamentación. Una vez más les decimos que los convocamos al diálogo a escuchar a entender cuál es el objetivo que tiene esta disposición”, señaló la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
¿Qué dice la norma?
La disposición séptima de la ley 1363 del Presupuesto General del Estado, que entró en vigencia el 1 de enero de 2025 tiene dos parágrafos, siendo el primero el más cuestionado. Éste dice lo siguiente:
“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
La norma, además tiene un segundo parágrafo en el que se señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales “debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad”.
