Denuncian direccionamiento de compras en la estatal EBA para favorecer a una empresa en plantas de leche
El ministro Oscar Mario Justiniano informó que en “pasados meses” se detectaron “graves anomalías” en la adquisición de bobinas para leche destinadas a las plantas procesadoras de tres localidades rurales de La Paz, Beni y Oruro
El Ministerio Desarrollo Productivo, Rural y Agua indaga el presunto direccionamiento de compras en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) para favorecer a un solo proveedor. Un grupo de funcionarios fue destituido y está en curso una auditoría, anunció el Gobierno.
El ministro Oscar Mario Justiniano informó que en “pasados meses” se detectaron “graves anomalías” en la adquisición de bobinas para leche destinadas a las plantas procesadoras de las localidades rurales de Achacachi (La Paz), San Andrés (Beni) y Challapata (Oruro).
Según el informe del ministerio, el personal de la empresa omitió los procedimientos obligatorios del Decreto Supremo 181, “gestionando de forma dirigida la compra de insumos” mediante cinco Fondos en Avance por un monto total de Bs. 1.225.100,00 a favor de un único proveedor.
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Los recursos fueron distribuidos individualmente en las cuentas del Sistema de Gestión Pública de Bolivia (Sigep) de cinco funcionarios.
Ante la flagrante falta de sustento normativo, se dispuso la destitución inmediata de los responsables de mayor rango, incluyendo al gerente ejecutivo de EBA, los jefes de las gerencias Financiera, de Producción y Legal, además de los jefes de unidad y técnicos que recibieron y transfirieron los desembolsos, señala un boletín institucional.
Para reconducir la institución, se posesionó a Mónica Roca como nueva gerente ejecutiva de EBA, quien ya ha designado un nuevo equipo gerencial.
El caso se encuentra bajo una auditoría e investigación profunda, informó Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
El ministro Justiniano sostuvo que “no se puede estafar al pueblo boliviano” con este tipo de acciones.
“Nadie va a lucrar acá un peso tratando de generar actos de corrupción”, sostuvo.
La autoridad del Gobierno enfatizó que la instrucción del Gobierno es clara: aplicar una política estricta de “cero tolerancia” frente a cualquier cobro irregular, evasión de normas de contratación o desvío de recursos que atenten contra el patrimonio del Estado o afecten la integridad de los trabajadores públicos.
