Gobierno descarta una privatización de YPFB, pero apunta a transparentarla y reestructurarla
“YPFB tiene que someterse a un proceso de transformación, reestructuración y transparentación”, sostuvo el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó una privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ratificó que la empresa seguirá bajo control del Estado por su carácter estratégico.
Sin embargo, admitió que la empresa enfrenta problemas financieros y de abastecimiento, por lo que anunció que será sometida a un proceso de transformación, reestructuración y transparentación, mientras en el corto plazo deberá resolver las fallas que afectan la provisión de combustibles.
“YPFB, como tal, es una empresa estratégica. Por tanto, está en el grupo (de empresas) que no pretende, y nunca pretendieron ser privatizadas, vendidas y ni mucho menos, porque consideramos que son empresas fundamentales para promover el desarrollo. Pero eso no quiere decir que estén bien”, sostuvo la autoridad en entrevista con la periodista Maggy Talavera.
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”YPFB tiene problemas financieros, tiene problemas de abastecimiento, tiene una cantidad de problemas. Entonces, en el mediano plazo, YPFB tiene que someterse a un proceso de transformación, reestructuración y transparentación”, señaló durante la entrevista.
Respecto a las propuestas para retirar a YPFB de la importación, comercialización y distribución de combustibles, el ministro descartó esa posibilidad; no obstante, recordó que el Gobierno ya habilitó la participación privada en esas actividades y prevé ampliar esos incentivos mediante la futura Ley de Hidrocarburos.
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Las definiciones sobre YPFB forman parte de la revisión que el Gobierno realiza sobre el conjunto de las empresas públicas y Lupo sostuvo que las consideradas estratégicas, como YPFB, ENDE o Entel, permanecerán en manos del Estado, aunque también deberán ser reorganizadas para mejorar su funcionamiento y transparencia.
En contraste, señaló que el Ejecutivo avanza en la evaluación de otras empresas estatales deficitarias para definir su cierre, reestructuración o posibles asociaciones público-privadas, una vez concluidas las auditorías financieras, técnicas e institucionales.
