Gobierno y COB tratarán desde el lunes el pedido de incremento salarial; Montenegro anuncia análisis con “responsabilidad”
La subcomisión sobre la jubilación también arranca su trabajo la próxima semana. El Gobierno dejó en manos del Legislativo la resolución del conflicto por la ley que propone ajustes.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció que el planteamiento de incremento salarial presentado por la Central Obrera Boliviana (COB) será abordado en el marco de un análisis con “responsabilidad” y con base en los índices de la economía boliviana.
El ente matriz propuso en su pliego un incremento de 8% en el Salario Mínimo Nacional y de 7% al haber básico para la gestión 2024.
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“Nosotros siempre hablamos con los datos, las cifras de la coyuntura y tal vez de la estructura de la economía boliviana y es en función de ese análisis, en el marco de la responsabilidad y de la gestión económica del presidente Luis Arce, que se hace análisis de los todos los planteamientos que se nos presenten”, indicó Montenegro.
La mañana de este martes el Gobierno y la COB firmaron un acuerdo para instalar las subcomisiones salarial y de jubilación en el marco de la atención a su pliego petitorio.
“El lunes 11 de marzo ya estaríamos entrando con las dos subcomisiones”, indicó el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien además precisó que los delegados deben acreditarse hasta este miércoles 6.
Montenegro anunció que el formato de diálogo y negociaciones es la misma que se usó en anteriores gestiones.
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“Esperemos que trabajen las comisiones, la subcomisión salarial, y pueda establecer la viabilidad de estas solicitudes y en función a eso trabajaremos en el formato tradicional que hemos ido realizando a lo largo de estos años”, señaló.
Jubilación
Consultado por el conflicto sobre el proyecto de ley que propone ajustes a la norma de jubilación, entre ellas “mejora de los límites solidarios”, Montenegro dejó en manos del Legislativo su definición.
“Alla está, en ese ámbito está la discusión”, afirmó.
Los médicos y maestros denunciaron que la norma impulsada por el Gobierno propone la “jubilación forzosa” a los 65 años, lo que en su juicio genera un grave perjuicio a su derecho al trabajo.
El Gobierno indicó en su momento que quienes lleguen a esa edad deberán someterse a un examen médico para proseguir con sus labores y rechazó las denuncias de los movilizados.
