Las alcaldías exigen parte de la recaudación de la inspección vehicular y que el TGN financie el bono de discapacidad
“Se exige establecer un mecanismo de participación o retorno económico de las recaudaciones de la ITV, considerando que los municipios asumen los costos del ordenamiento del tránsito y la infraestructura vial”, señala un documento del bloque
En el marco de la discusión del modelo 50/50, la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) planteó al Gobierno que el pago del bono discapacidad se financie con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).
Asimismo, puso en mesa la propuesta de un plan para que las municipalidades participen en la distribución económica de la recaudación Inspección Técnica Vehicular (ITV) que a la fecha está en manos de la Policía.
“Se prioriza la presentación de una Ley Modificatoria a la Ley N° 977 para que el TGN asuma el Bono de Discapacidad”, se lee en una parte del documento que firmaron los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto.
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Asimismo, se plantea la revisión del 10% para Seguridad Ciudadana. “Se instruye levantar un inventario técnico-jurídico de todas las cargas nacionales para exigir su reasunción progresiva por el nivel central”, se destaca.
En ese marco, se destaca el “retorno de la Inspección Técnica Vehicular (ITV)”
“Se exige establecer un mecanismo de participación o retorno económico de las recaudaciones de la ITV, considerando que los municipios asumen los costos del ordenamiento del tránsito y la infraestructura vial”, señala el documento.
Las 10 municipalidades destacaron que en 2009, Bolivia dio un paso histórico al reconocer constitucionalmente las autonomías” y “hoy tenemos la oportunidad de hacer efectivo ese compromiso”.
“Una autonomía municipal que funcione necesita recursos suficientes y previsibles para cumplir sus competencias y sostener los servicios que la población recibe cada día”, sostiene el bloque.
El bloque aseguró que “la situación económica del país hace más urgente esta tarea” puesto que “el incremento del precio de los carburantes ha elevado los costos operativos de los servicios y las obras municipales”.
“Los presupuestos formulados en agosto partieron de precios que hoy ya no reflejan esa realidad. Esta presión agrava un desequilibrio de años entre las responsabilidades que asumimos los municipios y los recursos disponibles para cumplirlas”, sostuvo.
