Ley de Inversiones: Las claves del proyecto que envió el Gobierno a la Asamblea
El documento fue entregado formalmente ante el Parlamento y se espera que se inicie su debate en los próximos días. Estos son los puntos que debes conocer del proyecto
El Gobierno de Rodrigo Paz entregó el martes 11 de agosto el proyecto de ley de inversiones que incluye 103 artículos organizados en 9 títulos, 7 disposiciones transitorias y una disposición abrogatoria.
La propuesta busca cambiar el modelo boliviano de promoción de inversiones hacia un sistema que ofrezca mayor seguridad jurídica, menos burocracia y fuertes incentivos tributarios a cambio de que las inversiones generen empleo, divisas, industrialización, tecnología, compras nacionales y desarrollo sostenible.
El proyecto tiene estos puntos clave:
Plan Nacional de Inversiones
La aprobación, cada cinco años, de un Plan Nacional de Inversiones - PNI, como instrumento operativo para la ejecución de la Política Nacional de Inversiones.
El PNI establecerá: Sectores prioritarios, prioridades nacionales, metas cuantificables, cartera nacional de proyectos, estrategias de promoción, programas de incentivos, objetivos de inversión pública y privada, metas de generación de empleo, objetivos de innovación y transferencia tecnológica, indicadores de desempeño y otros aspectos que se consideren necesarios.
Sectores prioritarios
Se establecen como sectores prioritarios para efectos de promoción e incentivos a los siguientes: industrialización de recursos naturales, agroindustria, manufactura avanzada, energías renovables, hidrógeno verde, litio y su cadena industrial, minerales estratégicos con valor agregado, economía digital, inteligencia artificial, industria farmacéutica, biotecnología, economía circular, infraestructura logística, transporte multimodal, turismo sostenible, economía del conocimiento, innovación y tecnologías de la información, desarrollo forestal sostenible, industria cultural y creativa, y cualquier otro sector declarado prioritario en el PNI.
Una nueva Agencia Nacional de Inversiones
El proyecto plantea la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), que tendrá un papel central en la política de atracción y facilitación de inversiones. La entidad será la encargada de evaluar y hacer seguimiento a proyectos, administrar información, coordinar con otras instituciones públicas y acompañar a los inversionistas durante la ejecución de sus proyectos.
La ANI también tendría a su cargo el seguimiento de los proyectos que reciban incentivos y la evaluación de sus resultados, incluyendo variables como inversión ejecutada, generación de empleo, exportaciones y costo fiscal de los beneficios otorgados.
Una Ventanilla Única para reducir la burocracia
Otro de los cambios centrales es la creación de una Ventanilla Única de Inversiones (VUI), concebida como un mecanismo para concentrar y simplificar los trámites que deben realizar los inversionistas ante diferentes entidades del Estado.
El proyecto establece que los trámites incorporados a este sistema deberán tener plazos máximos y plantea la interoperabilidad entre instituciones para evitar que el inversionista tenga que presentar reiteradamente la misma información. En general, los procedimientos no deberían superar los 30 días hábiles, salvo casos técnicamente complejos que requieran una ampliación debidamente justificada.
Además, para proyectos promovidos, estratégicos y Alianzas Público-Privadas, la ANI podrá asignar un Gestor de Proyecto, que funcionará como enlace entre el inversionista y las distintas entidades públicas para identificar y resolver obstáculos administrativos.
Incentivos tributarios de hasta 80% del IUE
Uno de los elementos de mayor impacto económico es el nuevo sistema de incentivos para los denominados proyectos promovidos.
El acceso a los beneficios estará vinculado a una matriz de desempeño, que asigna puntajes en función de factores como generación de empleo, exportaciones y divisas, industrialización, innovación, desarrollo de proveedores nacionales, desarrollo territorial, sostenibilidad y reinversión.
A mayor puntaje, mayor sería el crédito tributario contra el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). El esquema contempla créditos de 25%, 40%, 60% y hasta 80%, dependiendo del desempeño alcanzado por el proyecto.
El beneficio, sin embargo, no sería automático para cualquier inversión: el proyecto establece requisitos de inversión elegible y un puntaje mínimo para acceder al régimen de proyectos promovidos.
La matriz asigna hasta 100 puntos considerando:
Criterio Máximo
Empleo formal y capacitación: 20
Exportaciones y generación de divisas: 15
Industrialización y valor agregado: 15
Innovación y transferencia tecnológica: 15
Compras nacionales/proveedores: 10
Desarrollo territorial: 10
Sostenibilidad y tecnologías limpias: 10
Reinversión y largo plazo: 5
Para acceder al crédito tributario se necesita al menos 40 puntos y ningún proyecto que tenga cero puntos en sostenibilidad puede ser considerado promovido.
El incentivo puede ser considerable
El crédito tributario contra el IUE sería:
40–54 puntos → 25%
55–69 → 40%
70–84 → 60%
85–100 → 80%
El crédito utilizado en una gestión no puede superar el 80% del IUE determinado y el saldo no utilizado no se puede trasladar al siguiente año.
Los proyectos elegibles podrían importar bienes de capital, maquinaria y equipos productivos nuevos sin pagar Gravamen Arancelario ni IVA, siempre que sean necesarios para el proyecto y no exista producción nacional registrada como “Hecho en Bolivia”.
El beneficio tendría inicialmente una ventana de tres años, ampliable excepcionalmente por hasta dos años
Alianzas público privadas
El proyecto establece un régimen para Alianzas Público-Privadas (APP) y para distintos tipos de contratos de inversión, incluidos los denominados Contratos de Inversión de Interés Público, pero establece límites: no podrán involucrar la propiedad o gestión de recursos naturales estratégicos, los servicios básicos de agua y alcantarillado, la dirección de los sistemas públicos de salud y educación, las potestades regulatorias, tributarias o sancionatorias del Estado, ni las funciones de seguridad, defensa, justicia y otras áreas reservadas exclusivamente al Estado.
Arbitrajes
La propuesta también contempla la posibilidad de recurrir al arbitraje para resolver determinadas controversias entre el Estado y los inversionistas. Sin embargo, el consentimiento del Estado para someterse a arbitraje tendría que ser expreso y específico, mediante un tratado, contrato de inversión, contrato APP u otra norma que lo autorice.
No todas las materias podrían ser sometidas a arbitraje. El proyecto excluye, entre otras, la propiedad de los recursos naturales, las potestades públicas indelegables, los tributos y regalías como potestad normativa, las sanciones penales y otras materias consideradas indisponibles. El arbitraje quedaría principalmente limitado a controversias patrimoniales y económicas de carácter contractual.
En conjunto, el proyecto busca cambiar el esquema de promoción de inversiones en Bolivia mediante cinco pilares: una nueva agencia especializada, reducción de la burocracia, incentivos tributarios vinculados al desempeño, mayor estabilidad contractual y nuevos mecanismos para desarrollar proyectos entre el Estado y privados. La propuesta mantiene, sin embargo, límites sobre las materias que pueden ser objeto de estabilidad o arbitraje y preserva las facultades regulatorias del Estado.
