Proyecto de ley: Cainco plantea un régimen de incentivo para grandes inversiones y reglas claras para atraer capitales
La entidad empresarial apunta a consolidar un marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones en Bolivia, contemplando que las grandes inversiones sean de interés nacional
El proyecto de ley de Promoción de Inversiones anunciado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) plantea crear un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios tributarios y garantías para proteger los derechos de los inversionistas.
La propuesta normativa busca dar previsibilidad a los capitales nacionales y extranjeros, en un contexto en el que la entidad considera urgente aprobar nuevas reglas para impulsar la actividad económica y generar empleo, en un contexto en el que el Gobierno nacional también impulsa una normativa que proyecta la atracción de capitales.
El proyecto de ley establece que las inversiones que accedan al RIGI deberán cumplir requisitos específicos de monto, permanencia y plazo, contemplando proyectos de al menos $us 50 millones y una inversión mínima de $us 15 millones en cada uno de los dos primeros años, además de condiciones para que los recursos se destinen a actividades de largo plazo.
Desde Cainco, el gerente de Asuntos Corporativos, Luis Fernando Strauss, consideró que la aprobación de la norma no debería pasar de diciembre y resaltó que “el país necesita certidumbre, confianza e inversiones que traigan divisas, empleo y bienestar para nuestra población”.
El RIGI contempla proyectos de los sectores forestal, agroindustrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de ley al que tuvo acceso UNITEL.
Para acceder al régimen, las empresas deberán cumplir las condiciones previstas en la ley, mientras que los proyectos admitidos serán declarados de interés nacional y podrán acceder a incentivos tributarios y mecanismos de protección de los derechos adquiridos.
Entre los beneficios propuestos, el artículo 33 fija una alícuota del 10% para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otra del 10% para el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), así como importar y exportar libremente los bienes necesarios para su construcción, operación y desarrollo, sin restricciones cuantitativas ni cupos de carácter económico.
Además, el proyecto incorpora disposiciones para las zonas francas industriales orientadas a la exportación, las zonas francas comerciales y los depósitos, bajo un régimen de segregación aduanera y fiscal con exenciones tributarias y arancelarias.
Uno de los ejes del planteamiento es la estabilidad normativa, con la intención de que las condiciones aplicables a las empresas no cambien durante el periodo de inversión, es decir, que no se modifiquen las reglas, los impuestos ni el régimen laboral durante ese tiempo, como parte de las garantías destinadas a generar confianza entre quienes evalúan invertir en el país.
El ejecutivo señaló que Cainco ya sostuvo reuniones con distintas bancadas legislativas y autoridades del Ejecutivo para impulsar el tratamiento de la propuesta; sin embargo, todavía no se han logrado los consensos necesarios para avanzar.
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