Soboce dice que la sentencia del TSJ en favor de Fancesa no cumple un fallo constitucional y denuncia que el Estado le debe por las acciones “expropiadas”
La cementera puso en mesa que el Estado boliviano mantiene una “deuda” por la expropiación de sus acciones en Fancesa desde hace más de 16 años, que —según la empresa— supera los $us 290 millones.
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) se pronunció sobre el reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ratifica una multa en su contra que debe pagar a Fancesa por un proceso por competencia desleal.
La cementara denunció que la sentencia incumple el fallo de una sala constitucional y “vulnera” nuevamente el debido proceso, genera un precedente negativo para la seguridad jurídica y la inversión privada en Bolivia, y anuncia que agotará todas las instancias legales y constitucionales para defender sus derechos.
Asimismo, puso en mesa que el Estado boliviano mantiene una “deuda” por la expropiación de sus acciones en Fancesa desde hace más de 16 años, que —según la empresa— supera los $us 290 millones.
El TSJ ratificó la sentencia que obliga el pago de una multa a favor de Fancesa de Bs 744 millones por parte de la cementera.
“Soboce manifiesta su formal y profunda disconformidad con los alcances de esta resolución dictada bajo un clima de amedrentamiento en Chuquisaca y a nivel nacional.
Según la cementera, “el auto ignora de facto la tutela concedida a Soboce por la Sala Constitucional por vulneraciones al debido proceso en el fallo previo del Tribunal Supremo”.
El TSJ confirmó que su Sala Plena declaró infundado el recurso de casación interpuesto por una cementera en contra del Auto de Vista que confirmó la sentencia en primera instancia que dispuso el pago de Bs 744.315.432 en favor de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa S.A.).
En 2025, el TSJ ya había emitido un fallo declarando infundado el recurso de casación de Soboce; sin embargo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió tutela a un amparo constitucional interpuesto por esta parte y dejó sin efecto el Auto Supremo N° 059/2025 de 4 de febrero y su Auto Complementario N° 4/2025, disponiendo la emisión de una nueva resolución.
“El nuevo auto del Tribunal Supremo genera un grave e injusto daño a Soboce y también al clima de seguridad jurídica y económica en el país”, se lee en un comunicado público.
A juicio de la firma, “la resolución incumple flagrantemente el fallo de la Sala Constitucional que ordenó al Tribunal Supremo dictar un nuevo auto”.
Argumentó que “la tutela judicial no ordenó un simple ajuste semántico del auto previo, sino la reparación efectiva de las vulneraciones al proceso identificadas por la Sala Constitucional”.
En esa línea, Soboce anunció que “activará las acciones legales contra este fallo y agotará todas las instancias, jurisdiccionales y/o constitucionales”.
“A pesar de que el propio Tribunal Supremo da la razón a diversos argumentos técnico-jurídicos de Soboce y a los de la Sala Constitucional de La Paz, los magistrados terminan por dictar un auto arbitrario y contradictorio”, señala el comunicado.
Según Soboce, “el Tribunal Supremo reitera las vulneraciones del fallo previo contra los derechos constitucionales” de esa empresa “cuyo amparo fue concedido por la Sala de Garantías Constitucionales de La Paz, cometiendo una nueva violación del derecho al debido proceso”.
En su juicio, “esta decisión sienta un precedente sumamente preocupante para la inversión privada en Bolivia. Vulnera los principios de certidumbre y proporcionalidad que deben regir en el derecho empresarial”.
En ese contexto, la cementera puso en mesa la “deuda” que se le atribuye al Estado boliviano por la expropiación de sus acciones”.
“Soboce recuerda que el Estado Boliviano le adeuda desde hace más de 16 años la indemnización por la expropiación de sus acciones en Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), conforme al Decreto Supremo N° 0616 del 1 de septiembre del año 2010”, aprobado en el Gobierno de Evo Morales.
“El verdadero objetivo es no pagar la expropiación. La demanda de Fancesa no busca justicia; ha sido instrumentalizada histórica y jurídicamente como una maniobra de dilación para que el Estado boliviano no le pague a Soboce la indemnización por la expropiación de sus acciones”, señala el documento.
“Tras 16 años de incumplimiento, la deuda con nuestra empresa supera los 290 millones de dólares. Soboce y sus accionistas hacen reserva expresa de todos sus derechos bajo la ley aplicable y al amparo del derecho internacional.
Se espera un pronunciamiento sobre este comunicado de parte del Gobierno de los accionistas de Fancesa: la Gobernación de Chuquisaca, la Alcaldía de Sucre y la Universidad Mayor San Francisco Xavier (UMSFX).
En ese marco, Soboce reafirmó “su vocación de transparencia y su confianza última en que el Estado de Derecho debe imperar”.
“No cejaremos en nuestro legítimo derecho a la defensa y continuaremos agotando las vías jurídicas oportunas para asegurar que la Ley prevalezca, se corrija este desvío procesal y se restituya la justicia plena para nuestra institución”, anunció la firma.
