Hallan ocho cadáveres desmembrados en una mina ilegal de Ecuador
El hallazgo de los cadáveres se dio en el municipio de Pucará, “estaban enterrados a más o menos dos metros de profundidad”, tenían las manos atadas y “lesiones como desmembramiento y decapitación” que coinciden con las características de un machete
Las autoridades ecuatorianas encontraron el domingo ocho cadáveres desmembrados en dos fosas comunes en una mina ilegal de oro en el sur del país donde rige un estado de excepción, informó la policía.
Pese a la mano dura del gobierno del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, la violencia armada no cesa en Ecuador, donde las bandas criminales se disputan las rutas de tráfico internacional de cocaína y los yacimientos mineros ilegales.
El hallazgo de los cadáveres se dio en el municipio de Pucará, en la provincia andina de Azuay, dominada mayoritariamente por una sanguinaria pandilla conocida como Los Lobos.
Allí, en los últimos años se han expandido las operaciones de minería irregular de oro y cobre.
Los cuerpos “estaban enterrados a más o menos dos metros de profundidad”, tenían las manos atadas y “lesiones como desmembramiento y decapitación” que coinciden con las características de un machete, dijo a medios el jefe de la policía judicial de la zona, el coronel Pablo Inga, quien confirmó que la mina no tenía permisos de funcionamiento.
Según los análisis preliminares, los cuerpos llevaban más o menos dos días enterrados. Sus identidades aún no han sido confirmadas.
La Policía llegó a esa zona de difícil acceso luego de recibir reportes de disparos.
Varios pobladores dijeron a las autoridades que sus familiares se encontraban desaparecidos.
Ecuador es uno de los países más violentos de la región, con una tasa cercana a los 51 homocidios por cada 100.000 habitantes en 2025.
Azuay es una de las 10 provincias que desde junio fueron declaradas en estado de excepción ante el aumento de la violencia armada.
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La medida permite al gobierno desplegar a los militares en las calles, lo que ha generado denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública.
Desde que asumió el poder en 2023, Noboa ha recurrido con frecuencia a los estados de excepción para combatir a las bandas criminales.
