Presidenta de Perú denuncia “ataque y acoso sistemático” tras allanamientos en su contra
”La medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva”, señaló Boluarte en un mensaje a la nación tras las operaciones de registro ordenadas en su contra.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este sábado el allanamiento de la fiscalía a su vivienda y despacho presidencial, y denunció un “ataque y acoso sistemático” en medio de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
”La medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva”, señaló Boluarte en un mensaje a la nación tras las operaciones de registro ordenadas en su contra.
Aunque aseguró ser “respetuosa de la acción fiscal” y negó rebeldía en el proceso, rechazó la medida en su contra, remarcando que esta situación es sumamente grave y afecta los derechos de mi familia y gobernabilidad del país.
“El país entero ha sido testigo como a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio dónde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente como se violentó la puerta de mi hogar pese a que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta”, apuntó.
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La jefa del Estado acusó que viene siendo “atacada sistemáticamente” y, por esa razón, “se ataca la democracia y el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica”.
Las autoridades peruanas allanaron la madrugada del sábado la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del uso de unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de su patrimonio.
Según un documento policial, al que la AFP tuvo acceso, en la diligencia intervinieron unos 40 agentes y fiscales “con el fin de registrar la vivienda e incautar los relojes Rolex” cuya procedencia y compra Boluarte ha evitado precisar.
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Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.
El caso nació de una denuncia periodística sobre una presunta colección de relojes de alta gama que la presidenta no había consignado entre sus bienes.
