Rescatan a bolivianas que eran víctimas de explotación sexual en España, fueron llevadas con engaños a Europa
Una vez que aceptaban la oferta eran llevadas a territorio español, donde se enteraban que tenían una deuda de 6.500 euros que eran obligadas a pagar prostituyéndose
Una red que explotaba sexualmente a mujeres traídas de Sudamérica fue intervenida y desarticulada en una operación conjunta de la Policía Nacional de España y los Mossos d’Esquadra de Cataluña que se realizó el pasado viernes en Tarragona (4), Barcelona (2) y Girona (2). Producto de la acción policial se logró el rescate de trece víctimas de la organización, logrando la liberación de nueve de ellas provenientes de Bolivia y Colombia.
Ocho personas fueron detenidas en las tres provincias señaladas por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, relativos a la prostitución, contra los derechos de los extranjeros, contra la salud pública y amenazas graves.
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Tras recibir la denuncia de una mujer que comunicó ser víctima de una red de explotación sexual asentada en Torrelavega (norte de España), los agentes corroboraron que los sospechosos también estarían llevando a cabo su actividad en varios edificios distribuidos por distintos puntos de España.
Las víctimas estaban obligadas a estar disponibles todos los días de la semana y solo les permitían descansar, salir a la calle, bañarse o atender su higiene menstrual con el permiso de la cabecilla.
Ésta también se encargaba de atender las llamadas y mensajes de los hombres que pretendían pagar por tener relaciones sexuales con las mujeres, expuestas en una página web de contactos, controlando así la cantidad y la duración de los encuentros.
Las víctimas, todas ellas de origen latinoamericano, eran captadas en su país de origen por una colaboradora del entramado, que aprovechaba la precariedad en la que vivían y su necesidad de obtener ingresos para ofrecerles falsas ofertas de empleo en España.
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Aseguraba que el trabajo era como ‘webcammer’ de contenido sexual -es decir, grabarse en directo realizando actos sexuales- pero que no tendrían que tener contacto directo con nadie.
Una vez aceptada la propuesta, la colaboradora se encargaba de trasladarlas hasta España simulando un viaje de turismo, instruyéndolas sobre cómo comportarse para pasar por los controles fronterizos sin levantar sospechas, según explica la Policía.
Como era ella quien asumía los gastos, una vez llegaban a los pisos en los que las recluían, les retiraban los pasaportes y les comunicaban que habían contraído una deuda de hasta 6.500 euros y para pagarla debían ejercer la prostitución.
Además, esta deuda se iba incrementando periódicamente, pues debían pagar cien euros semanales por los anuncios en las páginas de contactos.
La explotación sexual se llevaba a cabo en pisos regentados por terceras personas, que alquilaban las habitaciones para el ejercicio de la prostitución y que no siempre eran conocedores de que las mujeres estaban siendo explotadas.
