Una de las narrativas frecuentes de la economía en Bolivia --instalada en el discurso político y en el imaginario colectivo--, es aquella que nos define como un país de emprendedores resilientes. Las cifras parecen confirmarla.
Según el Sistema Integrado de Información Productiva, a julio de 2025 Bolivia registraba un total de 124.000 empresas activas; de estas, 120.000 (es decir el 96%) eran micros y pequeñas. El informe señalaba que el 73% de las mypes se dedicaban al comercio o servicios; el 72% era unipersonal y en total, absorbían el 37% de los empleos formales. En contraste, la misma fuente registraba apenas 648 grandes empresas y 3.704 medianas, que sostenían el 62% del trabajo formal.
Un dato adicional, proporcionado por la dirigencia de CONAMYPE, indica que en nuestro territorio existen más de 600.000 mypes (la mayoría informales o semi formales) que son responsables del 90% del empleo; esto sin considerar la enorme cantidad de negocios de los llamados “cuentapropistas” que sin duda superan esa cifra.
Con ciertas variaciones, los organismos internacionales coinciden en definir a las mypes como unidades económicas de baja escala productiva, recursos limitados, con fuerte presencia en el empleo -- informal en el caso de las micro--, y con restricciones estructurales para acceder a financiamiento, innovación y mercados más amplios. Este es el tipo de empresas que predominan en Bolivia: altamente atomizadas, con limitado rendimiento y poca capacidad de generar valor agregado.
En economías abiertas, el pequeño emprendimiento suele estar asociado a innovación, identificación de oportunidades y escalamiento. En Bolivia, en cambio, crear una mype surge como respuesta a la falta de empleo formal. No es una elección estratégica, sino una salida de supervivencia nacida de la escasez.
Nuestros microempresarios no priorizan crecer, buscan sostenerse. Y en ese esfuerzo, muchas veces compiten en mercados saturados, con productos poco diferenciados, alta vulnerabilidad, financiamiento costoso, dependencia del contrabando y un entorno regulatorio que desincentiva la formalización. Eso crea un entorno empresarial con muchos emprendedores, pero no necesariamente más competitivo y eficiente.
La dinámica descrita genera un círculo vicioso difícil de romper. Empresas pequeñas tienen ingresos limitados, no pueden invertir y su productividad disminuye. En los hechos, la mype boliviana promedio nace pequeña y muere pequeña. De ahí que su tasa de sobrevivencia sea reducida, y que una proporción significativa de micronegocios no supera los tres años de vida, según estudios del INESAD.
Curiosamente, parte del problema está en las soluciones que se han intentado. El apoyo del Estado existe, pero es disperso, insuficiente y marginal. Sobre todo, está equivocado en su concepción, ya que pretende mejorar lo existente, no transformarlo.
La formalización, por ejemplo, no puede seguir planteándose como un objetivo en sí mismo. La evidencia muestra que formalizarse no mejora la productividad ni el acceso a mercados. Lo mismo ocurre con el financiamiento. El crédito de corto plazo puede sostener la operación, pero no permite invertir en tecnología ni escalar procesos.
Las mypes en Bolivia no están fallando. Están funcionando como el sistema permite que funcionen. Surgen fácilmente, operan con dificultad, sobreviven con esfuerzo y rara vez crecen. No porque sus dueños no quieran, sino porque el entorno no lo facilita. Sin embargo, con todas sus dificultades van a prevalecer –y eso es positivo-- pero nuestra economía necesita que sean más productivos, que sus iniciativas crezcan, que innoven, que se asocien y que se integren a cadenas de valor de mayor complejidad.
Las soluciones son lentas y complejas, pero urgentes. Debemos avanzar hacia un régimen unificado y simplificado para mypes, con impuestos mínimos, digitalización y sin burocracia. Asimismo, es imperativo fortalecer el sistema de microfinanzas con recursos de largo plazo, incentivando a las IFDs a financiar capital de inversión y no solo capital de trabajo de corto plazo. La atomización solo puede revertirse promoviendo activamente la asociatividad, ofreciendo incentivos fiscales a las que se asocian, y reservando un porcentaje de las compras públicas para consorcios de microempresas.
También es urgente crear una agencia nacional de desarrollo de mypes con mandato claro, presupuesto propio, capacidad técnica y mecanismos de evaluación de resultados, no como ventanilla de subsidios, sino como acompañamiento estratégico que impulse su crecimiento.
Pero quizá el cambio más importante es reconocer que el problema no es individual, sino sistémico. Bolivia no necesita más mypes, necesita que las que ya existen puedan escalar. Que el emprendimiento deje de ser de subsistencia y se convierta en innovación, productividad y prosperidad compartida. Pero para eso, primero hay que abandonar la idea equivocada de que el emprendimiento, por sí solo, es una estrategia de desarrollo.