Con ingenuidad política o tal vez expresando un genuino deseo de cambio, el restituido gobernador de Santa Cruz se apuró en postear que las aprehensiones del exzar antidrogas del caudillo cocalero y del papa frita exgerente general de Emapa eran muestras inequívocas de una justicia renovada. Parece que su liberación y retorno a su región le están haciendo ver un panorama grato, distinto al que ofrece cotidianamente el putrefacto sistema judicial.
La decidida actuación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia en la liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, en el encaminamiento de la anulación del juicio ordinario que condenó ilegalmente a la expresidenta Jeanine Áñez y en denunciar un intento de golpe de Estado al Órgano Judicial con la defenestración de magistradas es plausible, pero todavía cupular.
En la base de la pirámide judicial, lo sucedido con Felipe Cáceres, Franklin Flores y Claudia Castro en las últimas semanas da cuenta de la urgencia de una profunda limpieza y transformación de la justicia boliviana. Las determinaciones de jueces de tercer nivel, la parsimonia de fiscales de materia y la lenidad de investigadores policiales en los casos relacionados con Cáceres (narcotráfico), Flores (corrupción) y Castro (sicariato judicial) pintan de cuerpo entero a los actuales operadores de justicia.
Resulta que creyeron la versión de Cáceres, aprehendido por presuntos delitos de narcotráfico, de que nunca se enteró que en su recientemente adquirida propiedad en pleno trópico cochabambino o cerca de ella funcionaba una factoría de cocaína con capacidad de producción de 160 kilos de clorhidrato por día, según el ministro de Gobierno.
Nunca vio gente sospechosa entrando o saliendo por la senda que conducía al lugar, nunca escuchó nada extraño que le insinúe actividades ilícitas, pese a que fue exzar antidrogas por 14 años continuos, y nunca sintió los olores propios de la utilización de precursores en la elaboración de cocaína de alta pureza.
Un juez de esa región, en audiencia virtual, benefició al exviceministro que nombró a dos jefes antinarcóticos que acabaron en cárceles de Estados Unidos por tráfico de drogas y armas con detención domiciliaria, sin custodio y sin pago de una fianza. Cáceres salió caminando del cuartel de Umopar en Chimoré y con gesto despreocupado dijo a los medios que el incidente le había enseñado que debe ser “más cauto”.
A Flores también le creyeron jueces y fiscales. Asegura tener la conciencia del color del puré de papas, pero sus cuentas bancarias registran cientos de miles de bolivianos que no pudieron ser justificados, depósitos realizados por funcionarios de Emapa e indicios que apuntan a un sobreprecio en la instalación de la planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto.
Al juez que lo benefició con la detención domiciliaria solo le faltó pedirle que escogiera donde deseaba cumplir la medida cautelar: en su domicilio de El Alto o en la casa de su cuñado en La Paz, donde fue capturado y donde se encontró documentación comprometedora. El Ministerio Público anunció una imputación por tres delitos —enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes—, pero solamente pidió tres meses de detención preventiva.
Flores, uno de los que acumuló más notas de aplazo en la Carrera de Derecho en la universidad pública de La Paz, fue diputado del MAS, rabioso defensor de Evo Morales y finalmente arcista de primera línea tras perder la elección en la que buscaba convertirse en gobernador del departamento paceño y en la que propuso la industrialización de las sardinas, fue nombrado como gerente general de Emapa en 2021 y se mantuvo en el cargo pese a no tener conocimientos en la producción de alimentos a gran escala.
Hoy, beneficiado por la justicia dependiente del poder político, intentará lo que muchos masistas buscan cuando están en circunstancias parecidas, y no son pocos: el sobreseimiento en sede fiscal o cierre del caso por falta de indicios probatorios, a fin de exhibir el documento judicial que dice que nunca se cometieron los delitos imputados.
El narcotráfico y la corrupción pública son delitos graves, pero también es grave el intento planificado de cometer un golpe al Órgano Judicial desde las entrañas de ese poder del Estado. Para ello, se conformó un consorcio con jueces, ministros, vocales, magistrados suplentes, abogados y demás para defenestrar a magistradas titulares del TSJ y hacerse con el control de ese alto tribunal de manera progresiva.
Pieza clave del consorcio judicial ha sido la exvocal Castro, quien incluso habría confeccionado un fallo que debía dictarse en un juzgado del municipio de Coroico contra la magistrada paceña Fanny Coaquira. El contubernio fue denunciado por el presidente del Supremo de Justicia y comenzaron a caer los integrantes del consorcio que buscaban deshacerse de autoridades que estorbaban.
Castro, a quien se le impuso la detención preventiva, estuvo muy poco en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en la sede de gobierno. Pasó más tiempo en centros médicos y consiguió beneficiarse con la detención domiciliaria, tal como lo hicieron el exministro de Justicia, César Siles, y los otros implicados en el mayor ataque a la institucionalidad del Órgano Judicial con venia del poder político.
Corresponderá a las nuevas autoridades gubernamentales pedir las renuncias de magistrados prorrogados del TCP y del TSJ, y de otras autoridades judiciales a nivel nacional y, paralelamente, procesar a jueces, fiscales, vocales y cuanto operador de justicia haya torcido la ley para beneficiar a jerarcas vinculados con el narco, hayan encabezado grupos de corrupción en entidades púbicas o hayan intentado tomar el Órgano Judicial mediante una conspiración no develada del todo.
La tarea no es sencilla, habrá que buscar a los más adecuados para limpiar sin miedo la cloaca en la que los gobiernos del MAS han convertido a la justicia boliviana y que en la base de la pirámide sigue bajo el control del poder político con el fin de desplegar operaciones para la lavar la cara de quienes fueron, son o serán encausados.