El 7 de agosto de 2025, al día siguiente del cumpleaños número 200 de la República de Bolivia, las Fuerzas Armadas celebrarán el Bicentenario de su fundación, con luces y sombras, por supuesto. Salvo algo no previsto en los próximos seis meses, Luis Arce Catacora encabezará ambos festejos: el 6 de agosto como Presidente Constitucional del Estado y el 7 como Capitán General de la FFAA. Ni en sus sueños más dulces, Arce imaginó ser protagonista de las venideras fechas históricas. Solo comparable con Bautista Saavedra, presidente en el Centenario de la República, en 1925.
Salvo una decisión política distinta, en los próximos seis meses, los generales y contralmirantes del actual Alto Mando Militar comandarán la celebración del Bicentenario castrense, seguramente con desfiles y ejercicios militares, foros de carácter histórico, actos para entregar y entregarse galardones, y fiestas con uniforme de gala.
Los festejos abarcarán, como tiene que ser, al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyo personal en conjunto sobrepasa los 70.000 efectivos, entre varones y mujeres, muchos dedicados a tareas que surgieron con el tiempo como la guerra contra las drogas, la lucha contra el contrabando, la atención de emergencias por desastres naturales, la docencia académica y el pago del bono Juancito Pinto, esto último dispuesto y ejecutado en el régimen de Evo Morales.
La celebración también intentará ignorar que, en junio del año pasado, el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, preso en la cárcel cochabambina de El Abra, dirigió la patética escenificación de un supuesto golpe militar en el perímetro de la plaza Murillo de La Paz “para elevar la imagen del presidente”, su amigo agobiado por la crítica situación económica. Quedó como el momento de mayor manipulación política de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de afrenta a todos los integrantes de la institución militar.
En el caso de la Policía Boliviana, creada el 24 de junio de 1826, celebrará el Bicentenario de su fundación con un nuevo gobierno, el que surja del proceso electoral de este año, y nuevos comandantes que deberían recibir la orden presidencial de superar el desprestigio en el que está hundida por la desinstitucionalización y el manoseo político de la jerarquía policial.
Según el Latinobarómetro 2024, solo el 16% de los consultados en Bolivia confía en la Policía, un dato que no puede repetirse rumbo al nuevo centenario. Y no es que las Fuerzas Armadas sean un dechado de virtudes. Con un 23% de confianza ciudadana, la entidad castrense boliviana ocupa el último lugar en la región. Hasta en Venezuela, con un régimen que ha sometido y humillado a militares y policías en el último cuarto de siglo, sus instituciones uniformadas cuentan con una mejor percepción de la población encuestada.
Desde el Gobierno se aseguró que la carrera de generales en la Policía Boliviana mejoraría sustancialmente su funcionamiento, pero está ocurriendo lo opuesto, en prácticamente todo el escalafón policial. La Policía es conducida actualmente por ocho jefes con estrellas doradas: tres generales mayores en la Comandancia, Subcomandancia e Inspectoría General, y cinco generales primeros en el Tribunal Disciplinario y las direcciones nacionales de Personal, Inteligencia, Planeamiento y Operaciones, e Instrucción y Enseñanza.
Sin embargo, desde sargentos hasta coroneles, desde policías regulares hasta efectivos de grupos de élite, en el “talento humano” de la Policía hay quienes aplican torturas a inocentes, están involucrados en el contrabando y el narcotráfico, forman parte de organizaciones dedicadas al robo de vehículos, asaltan a los asaltados, venden armas de fuego a presos para que ejecuten a sus rivales en las cárceles, apadrinan a reos rematados para que salgan de los penales y cometan delitos a cambio de recibir parte de las ganancias.
De qué ha servido la multiplicación de generales en la institución del orden —hasta los comandantes departamentales deberían tener el grado de general— si la corrupción, el abuso, la violación de Derechos Humanos y el involucramiento con el crimen organizado, al que prometieron combatir, se han instalado es estas dos centurias y son premiados con la impunidad.
¿Recuerdas si el Ministro de Gobierno ha exhibido a algún policía aprehendido ante los medios de comunicación como sucede a diario con civiles? El único que fue sometido a esa acción que viola la presunción de inocencia fue Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas de Morales, extraditado hace poco a Estados Unidos. Lo que sí ha quedado en la memoria colectiva es cómo un comandante ofreció a Morales los votos de los 37.000 efectivos de ese momento —ahora son más de 40.000— o ver a otro comandante rondar un acto proselitista del MAS vestido con los colores del partido de gobierno.
Producir una revolución moral y ética en la Policía son será sencillo para el nuevo gobierno y los futuros comandantes. Los actuales se irán a sus casas sin haber puesto punto final a los males de la Policía, pese a que ahora hay más generales en ejercicio y su condición de tales debería haber sido una poderosa señal de un mejor desempeño ante la sociedad. El próximo gobierno tendrá que realizar un parteaguas, un serio intento de un antes y un después, para que la gente vuelva a sentirse protegida por los policías. Para que eso suceda, también tendrá que acabar el manoseo político de los altos mandos policiales. ¿Ocurrirá? Soñar no cuesta nada.