En junio de 2026 Bolivia dejó atrás el régimen de tipo de cambio administrado por el Banco Central, que había estado vigente por cuatro décadas y que estuvo fijo en Bs 6,96 desde 2011. Esta era, quizás, la mayor expresión del viejo modelo económico. El cambio de régimen, para unos, fue una devaluación encubierta que empobreció a los hogares; para otros, una reforma a medias que se apartó de las recomendaciones del FMI. Ambas lecturas comparten la misma omisión: juzgan la medida sin entender el concepto que la guio ni el contexto en el que se tomó la decisión. Este texto, que resume un trabajo académico de próxima publicación sobre la reforma, intenta explicar los dos.
Primero, el concepto. Desde febrero de 2023 la cotización oficial (Bs 6,96 por dólar) reflejaba un precio de ficción: casi nadie podía comprar dólares a ese valor. Para fines de 2025 el paralelo cotizaba más de 80% por encima y los precios de buena parte de la economía ya se formaban con ese otro dólar. Unificar no fue devaluar la moneda con la que los bolivianos compraban, sino reconocer como oficial un precio que el mercado ya usaba. Por eso la pregunta nunca fue si había que salir de ese régimen, sino cómo y cuándo; y en una reforma de este tipo, el momento y la secuencia son parte de la política económica, no un detalle de ejecución.
Segundo, el contexto. Pocas economías han intentado salir de una paridad desde un punto de partida tan frágil. A fines de 2025 el déficit fiscal rondaba 11% del PIB y se financiaba en buena medida con emisión del Banco Central, equivalente a 7% del PIB. Las reservas que efectivamente podían usarse no llegaban a USD 70 millones y, descontados los pasivos de corto plazo, las reservas netas eran negativas en casi USD 3.000 millones. La inflación había llegado a 25% a mediados de 2025 y la economía se contraía. En ese contexto, cualquier error de diseño o de momento podía convertir la salida en una crisis.
Por eso la propuesta ortodoxa no se siguió al pie de la letra. Un año antes, el FMI había presentado en su Artículo IV una ruta: una devaluación escalonada por encima del paralelo, hasta alrededor de Bs 15 por dólar, acompañada de un ajuste rápido de tasas, combustibles e impuestos. Es una ruta respetable y coherente con la literatura, pero trata la reforma como un problema técnico y resta importancia a la economía política: un salto de esa magnitud habría encarecido de golpe la deuda externa, la importación de combustibles y los precios de los bienes importados, justo cuando el país salía de semanas de conflicto social.
La política económica boliviana compartió el destino (tipo de cambio flexible, fin del financiamiento monetario del déficit, una meta de base monetaria como ancla y un ajuste fiscal de magnitud considerable), pero eligió otro camino. En lugar de saltar, convergió. Desde diciembre de 2025 el Banco Central publicó un valor referencial formado con operaciones reales de mercado, que funcionó como puente entre el dólar oficial y el paralelo. Al mismo tiempo se cortó el crédito del Banco Central al Tesoro. Cuando llegó la unificación, la mayor parte de la brecha ya se había cerrado: el tipo oficial se fijó en Bs 9,73, alrededor de 35% por debajo de lo que suponía el Fondo.
La elección del momento fue determinante. Entre mayo y junio de 2026 el país atravesó 53 días de bloqueos que terminaron por desgaste. La teoría de la economía política de las reformas describe ese patrón: las estabilizaciones se postergan mientras cada grupo intenta que el costo recaiga en otro, y se vuelven posibles solo cuando uno de ellos cede. Bolivia aprovechó esa ventana. La secuencia también fue deliberada: Bolivia unificó primero y alcanzó el acuerdo técnico con el FMI un mes después. La reforma no fue una condición impuesta desde afuera, sino una decisión soberana que el programa vino a sostener, y una reforma propia es más difícil de revertir. Las normas se publicaron un viernes después del cierre de las operaciones y rigieron desde el lunes, con un mensaje claro: se reconocía un precio que la economía ya usaba, no se devaluaba. Unificar primero y explicar después redujo el espacio para que la incertidumbre de cada hogar se convirtiera en resistencia organizada.
Tan importante como el cambio fue la estructura que hubo detrás. En lo cambiario, el Banco Central dejó de fijar el precio: el tipo oficial pasó a calcularse con las transacciones de los bancos con sus clientes, y la intervención quedó separada de la formación del precio. En lo macroeconómico, el fin del financiamiento monetario y el programa con el FMI dieron un ancla nominal y fiscal. Y en lo social se acompañó a quienes podían bloquear la reforma: un calendario para devolver los depósitos en dólares retenidos, una rebaja temporal de aranceles, la apertura de la importación privada de combustibles y un ajuste de precios por etapas, con el diésel a paridad de importación en septiembre y la gasolina congelada hasta enero de 2027. La reforma, además, trascendió a quienes la diseñaron y eso es una prueba tangible de su sostenibilidad.
Los resultados son claros, aunque sería deshonesto afirmar que la convergencia eliminó todo ajuste. Una vez que los bancos pudieron negociar libremente, el tipo oficial subió alrededor de 20% en julio y se estabilizó en torno a Bs 12. Quienes ven en ese movimiento un fracaso confunden el objetivo: un tipo flexible existe precisamente para que el mercado encuentre su nivel, y el propósito de converger antes era que ese ajuste fuera pequeño y no disruptivo. Lo relevante es lo que no ocurrió: la inflación a doce meses bajó de 9,2% en junio a 5,7% en septiembre, el Banco Central compró unos USD 550 millones en lugar de vender reservas y los depósitos en bolivianos siguieron creciendo. Con precios que ya se formaban con el dólar paralelo, la unificación movió un precio que la economía había dejado de usar.
Finalmente, ¿por qué importa el caso boliviano? Varios países emergentes han unificado sus mercados cambiarios en la última década con saltos grandes y altos costos inflacionarios. Bolivia ofrece algo distinto: un contrafactual documentado (la ruta que recomendó el Fondo, con proyecciones explícitas) y una ruta alternativa que llegó al mismo destino con menos costo. La lección no es que la receta ortodoxa esté equivocada, sino que su eficacia depende de cómo se ejecute: estabilizar antes de unificar, retirar al Banco Central de la formación del precio, compensar a los grupos con capacidad de veto y elegir con cuidado el momento.
Queda trabajo por delante, es innegable: la gasolina debe alcanzar su costo en 2027, los topes a las tasas de interés deben eliminarse y las medidas de ingresos dependen de la Asamblea. Esas serán las verdaderas pruebas del nuevo régimen. Pero el caso ya demostró que se puede salir de una paridad agotada sin una crisis, siempre que se entienda que la economía y la política son parte del mismo problema.