De pronto, la sensación popular en palabras de la gente es: “esperemos que se realicen las elecciones generales”, así, simple, sin confianza de que el hecho se producirá. Esto que no debiera ser tema de conversación entre los bolivianos es el reflejo del verdadero estado de nuestra democracia, de las luchas desvergonzadas por el poder político que reflejan el final del ciclo social popular, el mal tiempo de los sectores conservadores, inertes todos ellos ante el país por su no entendimiento de cuál la naturaleza y las características de la Policrisis que se ha instalado.
La democracia boliviana está desplomándose, pareciese irreversible, al menos en lo que hace a la posibilidad de convertirse en el sistema de gobierno que reasegure la convivencia pacífica entre los bolivianos como factor inicial e ineludible de reconstrucción estatal y societal. Los liderazgos políticos, mayores y entusiastas, transitan por lo prejuicioso, lo dogmático y el utilitarismo de lo estatal en función de sus intereses personalísimos. Son autoritarios, anti-estatistas afiebrados o estatistas ortodoxos. La representatividad política, que es una instancia históricamente en cuestionamiento constante, vive un momento de colapso pleno. A pesar de ello, toda la especie política sigue esmerando ideas para convencer al pueblo y la sociedad boliviana, y así, una vez más ser dueños del aparato estatal, de sus recursos económicos y naturales y, claramente, también del destino de todos.
En el año del Bicentenario, como una sarcasmo histórico o grito estruendoso de molestia y fastidio, los políticos, las instituciones y los partidos han perdido la confianza de la gente. ¿A ellos eso les perturba? La respuesta es una obviedad, no. Y no les preocupa aquello, pues han generado condiciones para deformar eficientemente la realidad, confundir, distorsionar las culpas y las responsabilidades y así seguir manteniendo la fachada de “demócratas”. Ahí la pertinencia de la pregunta: ¿podrían las elecciones generales sufrir una postergación construida? Esto es posible.
¿Qué es una postergación construida? No es más que una operación de simulaciones y pretextos para componer unas condiciones donde la legalidad y toda la juricidad desplegada en recursos, amparos y otras apariencias de derechos vulnerados entren en acción para frenar el proceso electivo. Una maniobra para construir resignación social, esa que, finalmente, acepte diferir el calendario electoral. ¿Por qué el poder político necesitaría de una prórroga de mandato? Las respuestas son varias y diversas. Las elecciones judiciales nunca tuvieron la complacencia oficialista, pues el gobierno de los jueces es un instrumento indispensable para sujetar y contener el poder político-estatal-presidencial y partidario en la perspectiva 2025. Postergaron primero la elección judicial y luego idearon una votación parcial hasta que, por fin, reaseguraron a los “cinco funcionales”. Todo un armado político.
En hora pasadas, el presidente del TCP, sin mueca de vergüenza, señaló que “su” institución trabajará con “celeridad” para resolver todos los recursos constitucionales que tengan relación con las elecciones presidenciales, y que esta es la muestra de cómo el TCP coadyuva en generar “certidumbre” a la población sobre el proceso electoral. Ya conocemos entonces, de voz oficial, que el TCP sí tendrá protagonismo definitivo y decisorio sobre el curso que deberá tener el evento electoral. No hay que soslayar que la postergación construida pasa por generar, impulsar y activar, fingidamente, amparos y recursos ante el Tribunal Constitucional, para que resuelva según su imparcial, verosímil y ecuánime razonamiento jurídico.
“Una respetuosa exhortación al señor presidente del Estado Plurinacional, para que a la brevedad posible convoque a un gran diálogo nacional, con presencia de todas las fuerzas políticas, líderes nacionales, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, de las cámaras de senadores y diputados, en el cual se puedan abordar básicamente algunos temas relacionados con la próxima elección general”, declaraba el presidente del Tribunal Electoral, Oscar Hassenteufel, a tiempo de inaugurar el año electoral. Este diálogo nacional urgente y necesario, debe concluir en un ACUERDO POLÍTICO NACIONAL con un documento público de cumplimiento obligatorio ante el pueblo boliviano, especificando la fecha exacta de realización de las elecciones generales, el respeto incondicional al principio de preclusión y regresando la decisión y palabra final al Tribunal Electoral.
Cuando el país descree que en agosto pueda realizarse de la voluntad popular, un extendido ACUERDO POLITICO NACIONAL de garantías al proceso electoral sirve para contradecir y terminar con los relatos, el palabreo del falso compromiso, las posverdades y las realidades artificiales. Vale también, para proteger al pueblo boliviano de cualquier intención oculta, ataviada de constitucionalidad, libertad y democracia.
Si razonamos como lo hacía el gran Eduardo Galeano, podríamos decir que la no certeza evidente de realización de elecciones generales a través de un Acuerdo Político Nacional sería pretender que nos resignemos a un hecho y destino agraviante, como si fuera una penitencia inevitable.