Imprenta: “Biblia de la prensa” cumple 100 años

¿Qué tienen en común la Biblia de los Católicos, el Corán del Islam y Las Vedas de los hindúes? La respuesta es, que se trata de libros sagrados que miles de años se han mantenido sin modificarse y son el sustento de tres diferentes religiones. Así es la Ley de Imprenta en Bolivia que este 19 de enero del 2025, cumple 100 años como escudo de la libertad de expresión y de prensa desafiando a dictaduras, gobiernos autoritarios, y en tiempos modernos, las redes sociales y la Inteligencia Artificial.

Unos 100 años antes de Cristo, el abogado y orador romano Marco Tulio Cicerón, pronunció una sabia frase, “Salus civitatis in legibus sita est”, que significa: “La seguridad de las mancomunidades está en las leyes”, explicando luego:” (...) las leyes garantizan la libertad de todos los ciudadanos al impedir el abuso por la fuerza y la dominación”.

Esa norma sabia, una de las más antiguas de Bolivia, de la que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos porque en su primer artículo defiende la libertad de expresión y de prensa, como derechos humanos fundamentales, piedra angular del sistema democrático, que se complementa con el art. 8, cuando defiende el secreto en materia de imprenta, con dos dimensiones: la primera porque permite que el ciudadano pueda acudir a los medios de comunicación de manera segura, a realizar alguna denuncia o hecho que le preocupa y, segunda, porque nos otorga a los periodistas la garantía de mantener el anonimato de quien acude ante nosotros.

En ese paraguas de guardar el secreto de la fuente informativa, se han cobijado, por ejemplo, en el 2024, dos periodistas de provincias de Santa Cruz, a los que la Fiscalía los citó a declarar, bajo amenaza de aprehensión, por haber publicado informaciones que dieron lugar a procesos penales.

La Ley de Imprenta tiene sus orígenes en la primera CPE, de 1826 de Simón Bolívar inspirada en los principios de la Revolución Francesa de 1879 traducidos luego en el art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (...)”.

Fue promulgada en 1925 en el gobierno de Bautista Saavedra, con sus 71 artículos, ly es reconocida por el art. 107 de la actual CPE del 2009 que contempla también los derechos de libertad de prensa y opinión en los arts. 106 y 21 y que se enmarca, igualmente en fiscalizar que la labor de periodistas y medios de comunicación se ajusten a las normas éticas, de búsqueda de la verdad, el derecho a la réplica y rectificación, al que puede apelar cualquier ciudadano que se sienta agraviado por alguna publicación de prensa.

Es así que durante estos 100 años, la Ley de Imprenta ha servido como muralla o escudo de los periodistas, perseguidos por gobiernos dictatoriales, liberales o socialistas. Uno de los casos más polémicos ocurrió en el 2012, cuando el expresidente Evo Morales inició un proceso por racismo y discriminación y pidió cárcel contra los responsables de tres medios que publicaron sus declaraciones que en el occidente eran más valientes y en el oriente más flojos, y se armó la polémica porque el mandatario dijo que habían tergiversado. Los directores pidieron ser juzgados por la Ley de Imprenta, que contempla, entre otras de sus virtudes, que los periodistas solo pueden ser juzgados en Tribunales de Imprenta, conformados por ciudadanos notables de cada ciudad o pueblo y nombrados por los Concejos Municipales.

Asimismo la Ley de Imprenta, entre muchos otros, ha cobijado a dos periodista deportivos reconocidos que en el 2024 fueron citados a declarar porque publicaron informaciones relacionadas con irregularidades en la Federación Boliviana de Fútbol.

De esa manera que al cumplir 100 años nuestro compromiso es defender la Ley de Imprenta, sin moverle una coma, porque se trata de una ley futurista que igual alcanza a las redes sociales cuando en su art. 2 habla de “otros modos de expresión del pensamiento” y pasar la posta de su defensa a las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores sociales, Y nuestra tarea también es impulsar el nombramiento de los Tribunales de Imprenta en los 327 municipios del país, porque ese es un tema pendiente.