El 17 de noviembre de 2025 el gobierno del presidente Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5503 en el que procuraba ofrecer un conjunto de medidas económicas que estabilizaran la economía y establecieran las bases para cambiar el modelo económico, transitando del estatismo masista a una economía de mercado abierta al mundo. El 12 de enero de 2026, entró en vigor el Decreto Supremo 5516 en el que se abrogaba el anterior y se rescatan algunas medidas, principalmente el incremento de los combustibles, el incremento del salario mínimo y la mejora en algunos bonos para mitigar el impacto de la subida de precios, en particular del diésel y la gasolina.
Entre uno y otro decreto la nueva gestión se vio desbordada por las protestas que lideró la COB, principalmente en la ciudad de La Paz, y los bloqueos que se establecieron en aquellos puntos donde los grupos evistas aún conservan la influencia para convocar a personas que corten la circulación en distintas rutas, especialmente del altiplano y la conexión entre el oriente y el occidente por la carretera Santa Cruz – Cochabamba.
Entre uno y otro decreto prácticamente se dejó de lado las principales medidas que significaban un cambio de modelo y tenían como fin ofrecer señales claras para generar nuevas y favorables condiciones para la inversión privada, el desarrollo de nuevas reservas y producción, facilitar las exportaciones, fomentar la formalización de la mayoría poblacional, brindar facilidades tributarias a los profesionales independientes, entre otras disposiciones.
En suma, por lo menos por el momento, se renunció a los cambios que constituían las bases de un nuevo modelo y constituían los elementos centrales de un programa de gobierno que se comenzaba a perfilar. Lo lamentable de esta situación fue que se impuso la violencia y el chantaje de un grupo de dirigentes sindicales que han cogobernado los veinte años anteriores con las gestiones del MAS y que desafiaron el Estado de Derecho, desconociendo a la voluntad de la gran mayoría de los bolivianos que apoyó en las urnas a binomios que le ofrecieron restablecer la democracia, garantizar la libertad y modernizar Bolivia con base en la economía de mercado, la reducción de la injerencia del estado en la economía y la integración con el mundo.
El gobierno ha justificado este retroceso resaltando el valor de haber logrado el incremento de precios de los principales combustibles y evitado la escalada de un conflicto que podría haber causado mayores daños a la integridad de los ciudadanos. Se resalta, con razón, que esta corrección de precios llevaba ya más de veinte años sin que se la pudiera adoptar y que, en comparación con experiencias de otros países se la ha consolidado sin mayor costo social.
El argumento gubernamental es cierto, pero también debe llevar a una profunda autocritica al interior del equipo gubernamental puesto que no se puede desconocer que hubo una serie de falencias en el diseño de las medidas, en la política comunicacional, en la estrategia (o la falta) de previsión de la crisis y el conflicto. Se debió haber prevenido mejor el conflicto que procurarían causar los resabios del evismo para evitar que se desmonten los esquemas públicos de los que han usufructuado durante las dos últimas décadas. Igualmente, se debe tener en cuenta que buscaran permanentemente desestabilizar la economía, deslegitimar la nueva gestión y retomar el poder.
En el otro lado, hay una inmensa mayoría de los bolivianos que desean que a la gestión del presidente Paz le vaya bien, independientemente si votaron por él o no. Existe una clara mayoría ciudadana que aspira a que este cambio político, económico y social se consolide y sea real, permitiendo que la gente viva sin miedo y ejerza sus derechos y libertades fundamentales a plenitud.
El incremento de precios de a gasolina y el diésel era una medida imprescindible para iniciar el camino para estabilizar la economía. Esta gestión lo ha logrado y merece ser reconocida por ello. Sin embargo, no es suficiente para superar la profunda crisis en la que nos ha sumergido el populismo estatista. Se deben realizar muchas reformas estructurales para reactivar la economía y establecer los fundamentos de un crecimiento sostenible que se convierta en oportunidades de progreso para el conjunto de la población.
Para ello, el gobierno debe aprender del reciente tropiezo, mejorar sus estrategias de implementación del cambio, prever y controlar los conflictos, separar las medidas que dependen de decretos y resoluciones, de aquellas que requieren leyes, y organizar un equipo de comunicación acorde a los desafíos que debe superar la presente gestión. Igualmente, consolidar una coalición de gobierno con mayoría legislativa y espacios de concertación con otras fuerzas parlamentarias para consensuar aquellos cambios que requieren un amplio apoyo político y ciudadano.