La calidad de la política determina las bases y el horizonte para el desarrollo de la economía de un país. En estos días en los que la incertidumbre sobre el futuro de Bolivia se profundiza y la crisis de la economía se agrava con la volatilidad del tipo de cambio, es importante retomar el debate sobre el impacto del marco institucional en la determinación de las condiciones sobre los cuales se desarrollan las actividades económicas.
La política no puede garantizar por sí misma el desarrollo económico, pero puede crear mejores o peores condiciones para las inversiones, brindar facilidades o constituir obstáculos, brindar seguridad o generar incertidumbre, construir confianza o provocar temor. Todas estas disyuntivas contrapuestas entre sí tienen un profundo impacto en las decisiones económicas de los ciudadanos, las familias y las empresas y de la percepción que todos estos actores económicos dependerá el consumo, las inversiones y las decisiones que cada unidad económica adopte, ya sea en una actitud defensiva de su propio interés cuando las condiciones son adversas o en una posición emprendedora positiva cuando las condiciones son favorables y se entiende que se puede apostar al largo plazo.
Los gobiernos han fracasado reiteradamente con políticas intervencionistas de la economía, destruyendo hasta las naciones más ricas, tal cual nos demuestran los ejemplos cercanos de Argentina y Venezuela, pues los estados no tienen la más mínima capacidad de sustituir la capacidad creativa del emprendimiento privado. Las normas y políticas gubernamentales pueden tener un inmenso poder destructivo, mediante las distorsiones, incertidumbre e inseguridad que pueden generar medidas y modelos económicos que se basan en el control de la economía en lugar de sistemas basados en un marco institucional que establezcan marcos regulatorios orientados a garantizar las condiciones generales de una competencia abierta entre las unidades económicas.
Como podemos comprobar en nuestra historia reciente, las ideologías socialistas y estatistas, basadas en el populismo como método de acción política pueden ser, por un tiempo, muy efectivas en términos electorales, aunque al final del día siempre terminan provocando crisis económicas que empobrecen a las sociedades y profundizan los problemas de la sociedad en materia de educación, salud, seguridad y trabajo a niveles que después cuesta muchos años en recuperar.
En una primera fase, durante los llamados años de la bonanza, vivimos un tiempo en el cual, aunque la economía crecía, en realidad lo que estábamos haciendo era perder inmensas oportunidades. El crecimiento de corto plazo basado en el gasto público lo que hizo fue alejar nuestras posibilidades de desarrollo en el largo plazo. En lugar de “sembrar el gas” para diversificar las bases de nuestra economía, promover inversiones, impulsar la competitividad de nuestra producción y exportaciones y consolidar un sector de servicios orientado a los mercados internacionales, como pueden ser el turismo y la industria del software, se les puso diversas trabas a estos sectores y se aceleró la explotación de las reservas ya descubiertas y desarrolladas de hidrocarburos y de minerales.
El resultado fue que la economía nacional se volvió aun más primaria pues en el camino se perdió la incipiente diversificación de exportaciones que se había logrado con la agroindustria y sectores manufactureros como las confecciones, los muebles, la joyería y la marroquinería, entre otros. Al mismo tiempo, se inviabilizó la inversión privada en minería e hidrocarburos y el estado abandonó la exploración durante casi una década, con lo que se estaba haciendo inexorablemente era configurar las bases de la crisis que vivimos actualmente.
Consecuentemente, uno de los principales desafíos para la reconstrucción de la economía nacional que se debe encarar en el nuevo periodo constitucional es también la reconstrucción de un marco institucional, legal y político que permita recuperar las bases del estado de derecho y con el mismo recuperar la confianza en el largo plazo para invertir y trabajar en Bolivia, brindando garantías efectivas a la propiedad privada, la libre iniciativa y la libertad de exportaciones, requisitos fundamentales para que el país prospere y genere empleo formal y sostenible en el tiempo.