Censo y la ratificación de revisar la relación Santa Cruz-Estado, entre los 10 acuerdos en Cumbre por la Unidad
Una decena de líderes de 30 sectores participaron de la Cumbre por la Unidad de Santa Cruz, que contó con la organización del Comité cívico pro Santa Cruz
El presidente del Comité cívico cruceño, Fernando Larach, informó sobre los 10 acuerdos por Santa Cruz, que se dieron en el marco de la cumbre de líderes por la unidad entre los que se destacan el pedido de seguridad jurídica al Gobierno central y la ratificación de la revisión de la relación con el Estado.
Dijo también que es imperioso enfrentar las amenazas al sector productivo y evitar avasallamientos, además de impulsar la biotecnología. También se destacó que se debe garantizar la realización óptima del Censo y hacer cumplir las normas en defensa del territorio cruceño.
Larach puntualizó que el entorno económico y político ha sufrido desajustes que crean inseguridad jurídica, incertidumbre social, inestabilidad política, y desequilibrios económicos que empiezan a tener un impacto negativo y desalentador en el aparato productivo, en las actividades empresariales, en los emprendimientos particulares y en la institucionalidad democrática del país.
Otro punto tocado por Larach en el encuentro en el que participaron líderes de 30 rubros, además de autoridades como el alcalde Jhonny Ferández y el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, fue “la total subordinación política de los poderes del Estado al órgano ejecutivo”, situación que, sostiene, crea escenarios de autoritarismo que desfavorecen los equilibrios y contrapesos democráticos, restringen las garantías constitucionales y evitan el ejercicio pleno de la igualdad de derechos.
En su participación, remarcó que las instituciones, gremios, sectores y gobiernos autónomos que constituyen la institucionalidad cruceña se comprometieron a impulsar decisiones, gestiones y acciones que permitan fortalecer de manera sostenible la unidad, defender la libertad y promover la profundización del proceso autonómico.
En este marco, expuso de manera textual las siguientes 10 conclusiones.
- Primero, reivindicar el plan de acción para establecer una nueva relación de Santa Cruz con el Estado y unir esfuerzos y gestiones ante el sistema político boliviano para su gradual aplicación, conforme se lo tiene proyectado, en cumplimiento de un mandato multitudinario expresado en un cabildo.
- Segundo, exigir al Estado seguridad jurídica para la inversión, libertad de exportación y levantar todas las restricciones a las exportaciones de productos agropecuarios, control público-privado del contrabando, revalorización del mercado interno y políticas públicas a favor de la productividad y competitividad.
- Tercero, perfeccionar el modelo cruceño en aras de su sostenibilidad, profundizar nuestro desarrollo sin descuidar el medio ambiente, la inclusión social, la innovación y la tecnología, la educación de calidad, el fomento del emprendedurismo.
- Cuarto, enfrentar en unidad la recesión económica y las amenazas sociales emergentes, como la reducción del acceso de la población a servicios básicos indispensables a fin de evitar el deterioro de las capacidades productivas, la disminución del poder adquisitivo y de las capacidades de inversión de las empresas.
- Quinto, unir esfuerzos para revertir pacíficamente los ataques al sector productivo. Saneamiento de tierras, incertidumbre en la propiedad, avasallamiento, colectivización forzosa de la tierra, la invasión de las áreas protegidas, parques, reservas, y en general a las tierras fiscales del departamento.
- Sexto, impulsar acciones y gestiones para la aprobación de una ley de bioeconomía circular que permita resolver en el fondo los problemas de acceso a la biotecnología agropecuaria y establezca un sólido marco normativo para el uso de eventos tecnológicos y nuevas tecnologías emergentes en agricultura.
- Séptimo, promover la formalización de una normativa de alianza público-privada para que asociaciones empresariales o gremiales puedan formar parte del emprendimiento de obras públicas necesarias para la producción y la exportación de nuestros productos.
- Octavo, demandar a las autoridades nacionales el desalojo de avasalladores, la conclusión del saneamiento sin la vulneración de derechos y exigir la validez de los títulos saneados. Así también, formalizar un acuerdo específico para viabilizar de manera conjunta el autosaneamiento de cada una de las regiones a fin de frenar los avasallamientos.
- Noveno, aunar esfuerzos interinstitucionales, público, privado, para garantizar la realización del censo, de manera transparente, con la visión de hacer cumplir la norma, en sentido de que sus resultados sean vinculantes para su aplicación económica y electoral antes de dos mil veinticinco como establece la ley.
- Décimo, designar una comisión técnica de seguimiento para viabilizar los compromisos asumidos y evaluar sus resultados de manera permanente.
