CIDH alerta creciente conflictividad en Bolivia y llama a priorizar el diálogo, advirtiendo impacto en derechos humanos
“El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo”, instó el organismo internacional
Después de registrar una escalada de conflictos sociales y políticos en Bolivia durante las últimas semanas, marcadas por el bloqueo evista en las rutas del país, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtieron que el escenario de conflictividad genera impactos a los derechos humanos y la gobernabilidad derivados de la conflictividad social en Bolivia.
“El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo”, instaron desde el organismo internacional en una nota publicada este viernes.
En su análisis, la CIDH hizo un desglose de los hechos registrados en las últimas semanas, donde resaltan protestas como la marcha evista a La Paz (en septiembre), el bloqueo evista de 24 días, el supuesto atentado sufrido por el jefe masista Evo Morales y la afectación a sectores productivos y a la población por el corte de transitabilidad en las carreteras.
Además, el organismo internacional hizo eco de los reportes de la Defensoría del Pueblo informó sobre personas detenidas en el contexto de los operativos de desbloqueo, advirtiendo “posibles afectaciones a las garantías judiciales y deficientes condiciones de privación de la libertad”.
“El Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y facilitar las manifestaciones públicas, lo que incluye agotar todas las medidas para la resolución pacífica de los conflictos, fomentar un diálogo amplio e inclusivo con todas las partes interesadas y asegurar que las tareas de seguridad ciudadana estén reservadas a las fuerzas estatales constitucionalmente autorizadas”, remarca el ente internacional.
Agresiones a periodista
Por otra parte, el reporte también refleja que se recibieron denuncias de al menos 30 agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa que cubrían los hechos, tanto de medios públicos como privados.
“El Estado debe facilitar el trabajo de periodistas; garantizar su protección en la cobertura de eventos de interés público, como las protestas sociales; investigar y sancionar cualquier acto de violencia que amenace su integridad, ya sea por agentes públicos o particulares”, precisa el comunicado.
La CIDH reiteró que continuará observando la situación y acompañará la implementación de las recomendaciones de su informe país, que incluye lineamientos prácticos para reducir los efectos de la polarización política.
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