Cívicos del país exigen reunión con Rodrigo Paz antes del 14 de septiembre
Este miércoles se reunió el movimiento cívico nacional, donde determinaron seis puntos entre ellos exigir la liberación de la importación de combustibles a privados, derogar el DS 5676, que la Asamblea trate la ley antibloqueos
Tras analizar la situación energética, económica, de abastecimiento de combustibles y la conflictividad social del país, el movimiento cívico nacional determinó este miércoles exigir una reunión con el presidente Rodrigo Paz antes del 14 de septiembre.
“El Comité Cívico Nacional, el Movimiento Cívico Nacional exige al presidente del Estado (Rodrigo Paz) reunirse con los nueve presidentes cívicos de Bolivia antes del 14 de septiembre, y sea a la brevedad posible, entendiendo la coyuntura actual del país”, señala uno de seis puntos del pronunciamiento de los cívicos.
Los representantes se reunieron en la ciudad de Cochabamba, donde determinaron exigir la liberación de la importación de combustible a privados, derogar el DS 5676 y que la Asamblea trate la ley antibloqueos.
“La crisis de provisión de diésel y gasolina está motivada por la falta de recursos financieros del Gobierno y la empresa YPFB. Si el Gobierno no tiene capacidad de sostener este gasto antes de llegar al desastre y la convulsión, debe liberar de inmediato las restricciones para que inicie la solución de este problema”, indican.
Señaló que se debe reducir la carga impositiva para los privados que participen en la importación, comercialización y distribución de combustibles, reduciendo así el contrabando, el agio, la especulación y así evitar la corrupción.
Además, agrega que el cobro de aranceles aduaneros, que en caso de Argentina y Brasil, no existen por ser miembros de Mercosur, YPFB debe apoyar con su infraestructura todas las necesidades de los importadores y distribuidores.
“Exigimos la derogación del Decreto Supremo 5676 de manera inmediata, porque su aplicación incrementó costos y profundizó distorsiones de precios en la economía de los gobiernos subnacionales, cooperativas productivas, agroindustriales y pequeños productores, sin resolver el problema de abastecimiento para el cual fue planteado”, remarcó.
Indicó que se exige el ajuste normativo que reglamente la subvención con base en la realidad económica y productiva del país, y que participen todos los sectores directamente afectados, tanto en su construcción como en su socialización.
“Establecer una nueva estructura de distribución de los recursos tributarios nacionales bajo el principio de 50% para el nivel central del Estado y 50% para gobernaciones, gobiernos municipales, autonomías indígenas originario campesinas y universidades públicas autónomas”, indicó Quintanilla.
Señaló que se debe redefinir la estructura de distribución fiscal del estado de acuerdo con las responsabilidades que actualmente tienen los diferentes niveles de Gobierno, y que la propuesta debe integrarse al proceso de pacto fiscal y al régimen económico.
“Exigimos que el poder Legislativo trate de inmediato las iniciativas legislativas que se encuentran en ambas cámaras para darle al país una norma que penalice y sancione el bloqueo de vías fundamentales en el país con una afectación directa al desarrollo económico y a la paz social”, agrega.
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