Contraloría afirma que exgerente de Santa Cruz renunció y niega presiones externas
La entidad desestimó de forma “categórica” cualquier presunta presión o injerencia externa en la salida de Glauco Montero, tal como denunció el senador Leonardo Roca
La Contraloría General del Estado (CGE) informó que el exgerente departamental de Santa Cruz, Glauco Montero, presentó su renuncia en el mes en curso, la cual fue aceptada conforme a los procedimientos administrativos y legales correspondientes.
A través de un comunicado, la institución señaló que cumple con independencia, imparcialidad y probidad en sus atribuciones de control externo posterior, en el marco de los artículos 213 y 217 de la Constitución Política del Estado y el Decreto Supremo 23215.
En ese sentido, desestimó de forma “categórica” cualquier presunta presión o injerencia externa en la salida de Montero.
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“Glauco Montero presentó su renuncia al cargo, misma que fue aceptada por la Contralora General del Estado interina, en el marco de procedimientos administrativos y legales correspondientes, desestimado categóricamente cualquier presunta presión o injerencia externa, en este hecho”, señala el documento.
En pasados días, el senador Leonardo Roca, de Libre, denunció en sus redes sociales que “por hacer bien su trabajo, dos ministros, el de Hidrocarburos y el de Gobierno, presionaron para obligarlo a renunciar”.
Señaló que estas supuestas acciones se registraron luego de que Montero recibiera la denuncia del vicepresidente cívico cruceño Agustín Zambrana “sobre el desvío y contrabando de combustible en YPFB”, por ello lo calificó como “un gran profesional cumpliendo con su deber”.
La Contraloría indicó que actualmente desarrolla un proceso de reordenamiento institucional orientado a fortalecer su funcionamiento y optimizar el uso de recursos públicos, en el marco del DS 5516 del 13 de enero de 2026 sobre medidas de austeridad y racionalización del gasto público.
Según el comunicado, este proceso contempla adecuaciones administrativas y organizacionales para garantizar una gestión eficiente, responsable y sostenible, sin afectar la continuidad de las acciones de control gubernamental en todo el territorio nacional.
