Diputada del MAS solicita a Huaytari reponer proyecto de ley de “fortalecimiento contra la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, deberá evaluar la reposición del proyecto de ley que fue solicitado por una legisladora.
Este lunes se conoció que la legisladora del MAS, Lidia Tupa Zelaya, presentó a la Presidencia de la Cámara de Diputados, una solicitud de reposición del proyecto de ley 280, para “fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“Me dirijo a su autoridad en el marco de mis preceptos constitucionales en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 163 de la Constitución Política del Estado, Art, 117 del Reglamento General de la Cámara de Diputados”, señala la solicitud de la legisladora del MAS.
El documento fue publicado en la pagina de la Cámara de Diputados y está a consideración de su presidente Israel Huaytari.
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En febrero de 2023, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el proyecto de ley 280 de “fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”. El documento ingresó por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el proyecto de ley fue cuestionado por diversos sectores, entre ellos gremiales y transportistas, por considerar que se encuentra en la misma línea que un proyecto de ley y una ley que fueron eliminados en medio de protestas sociales.
El sector de los gremiales cuestionó que dentro del proceso de socialización, el Gobierno solo se convoca a los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) o al Gobierno.
En abril de 2023, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que el tratamiento del proyecto de ley fue paralizado en la Asamblea Legislativa para la fase de socialización.
Modificaciones al Código Penal
El proyecto de ley plantea cuatro modificaciones al Código Penal:
1. Modificar el artículo 71 Bis, referido al decomiso, incorporando a esta figura bienes y recursos relacionados a los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo.
2. Modificar el artículo 133, referido al terrorismo aumentando la pena de 20 a 25 años de cárcel. Además incorpora en la redacción de hechos considerados como terrorismo “deponer al gobierno elegido constitucionalmente”.
El proyecto añade que las acciones de movilización social que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos sociales u otro derecho constitucional no serán consideradas como terrorismo.
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