Evo denuncia a la CIDH que el Gobierno organiza “grupos irregulares” y sus dirigentes suben el tono de las advertencias
El martes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció una investigación por portación de armas durante el bloqueo en el Bulo Bulo, trópico de Cochabamba
Después que las autoridades comenzaron una investigación por portación de armas en los puntos de bloqueos de los evistas y la amenaza que lanzó un dirigente del trópico de Cochabamba acusando al ministro de Eduardo de Castillo de organizar “grupos irregulares” para desbloquear, el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, usó sus redes sociales para dirigirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Denunciamos de manera urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, ante José Luis Caballero Ochoa, relator para Bolivia (CIDH), ante Pedro Vaca V. de la Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH), que agentes del Estado Boliviano organizan grupos irregulares parapoliciales armados para ataques violentos en contra de la vida e integridad de hermanas y hermanos de los puntos de bloqueo, violando el gobierno de manera flagrante su obligación de observar los estándares interamericanos sobre protestas y Derechos Humanos”, escribió Morales en su cuenta de X, antes Twitter.
El martes, durante la intervención policial al punto de bloqueo en Bulo Bulo, las autoridades centrales observaron a personas armadas en los bloqueos y que se captó, en video, a un hombre disparando un arma contra los policías. En tanto, los evistas acusaron a Del Castillo de usar “grupo irregulares” para intentar desbloquear y el presidente de la Federación Mamoré Bulo Bulo del trópico de Cochabamba, Dieter Mendoza, advirtió que si “una vez más vuelven a intervenir (los bloqueos) no saldrán (de la zona) como hoy (martes)”.
Este jueves se cumplen once días de asfixia al departamento de Cochabamba debido a los bloqueos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), que afirma que la protesta es por la situación económica que atraviesa Bolivia debido a la falta de dólares en el mercado formal y el incremento de los productos de las canasta familiar, además del abastecimiento irregular de combustible.
La medida de presión fue instalada luego que sectores evistas adviertan con reacciones extremas si es que se libraba una orden de aprehensión contra Morales, quien es investigado en un caso de presunta trata y tráfico de personas tras ser acusado de haber embarazado a una adolescente de 15 años de edad cuando todavía era presidente.
Morales y su entorno calificaron la acusación como “persecución” y el exmandatario evitó brindar sus declaraciones informativas en la Fiscalía de la ciudad de Tarija, alegando irregularidades en el proceso y señalando que su residencia es Villa Tunari, trópico de Cochabamba.
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