Evo rechaza acusaciones de narcotráfico y denuncia intento de criminalizar la protesta social
El líder de los cocaleros aseguró que el Gobierno busca deslegitimar las movilizaciones desconociendo los pedidos del Magisterio y mineros
El expresidente Evo Morales desmereció las denuncias planteadas por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien afirmó que detrás de los dirigentes que impulsan los bloqueos en el país existe un financiamiento que proviene de las redes del narcotráfico.
En la radio cocalera del trópico de Cochabamba, Morales aseguró que el Gobierno busca deslegitimar las movilizaciones desconociendo los pedidos del magisterio y los mineros, que exigen mejoras en sus condiciones laborales y reivindicaciones sectoriales.
“Hablan de un financiamiento del narcotráfico, y es muy delicado tratar de criminalizar y deslegitimar las movilizaciones que ahora hay en el país”, dijo el líder de los cocaleros al acotar que no solo se pretende “satanizar a Evo, sino también a dirigentes de la COB y procesar injustamente”.
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Para Morales, las movilizaciones van más allá de las demandas sectoriales por salarios o infraestructura, que inicialmente fueron expuestas por los líderes de los sectores, y dijo que ahora persisten por un rechazo al actual modelo económico de “privatización” que, desde su óptica, se pretende imponer en el Gobierno de Rodrigo Paz.
Esta versión ya fue rechazada por el Gobierno de Rodrigo Paz, que advirtió sobre una campaña de desinformación.
Pero Morales no solo se refirió a la situación actual de conflictos y la denuncia del Gobierno sobre supuesto financiamiento del narcotráfico a las recientes movilizaciones, también mencionó el caso de los “narcovínculos” de la década del 90 para cuestionar al actual mandatario, vinculando a su entorno familiar con estos sucesos.
Se espera un pronunciamiento de los aludidos sobre este asunto.
Asimismo, se desmarcó de la crisis de los combustibles y deslindó su responsabilidad sobre la calidad de la gasolina y aclaró que él no promulgó decretos y leyes como la 1720, sobre la conversión de la propiedad, que fue abrogada por Paz.
