Gobierno respalda pronunciamiento de la CIDH y la ONU sobre riesgo de impunidad en casos Senkata y Sacaba
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, alertó sobre declaración de nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por los conflictos que se dieron en noviembre de 2019
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, expresó el respaldo del Gobierno al comunicado conjunto emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur, en el que ambas instancias advierten sobre el riesgo de impunidad tras la anulación de los procesos contra policías y militares involucrados en los hechos de Senkata y Sacaba, ocurridos en noviembre de 2019.
“Hoy queremos saludar a un comunicado conjunto que ha emitido la CIDH y la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, pronunciamiento en el que coinciden y advierten sobre el riesgo de la impunidad en el caso de las masacres de Senkata y Sacaba”, señaló la ministra.
El pronunciamiento internacional surge a raíz de la decisión del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que anularon los procesos judiciales por presunta incompetencia en materia, resoluciones que fueron ratificadas por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz el 9 de septiembre de 2025.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación”, reza el reporte de los organismos.
La ministra sostuvo que el documento internacional implica importancia porque son instituciones internacionales que en su momento han estado en Bolivia realizando diferentes visitas, recogiendo testimonios y otros que han concluido con informes país con recomendaciones no solamente a un órgano sino a todos los órganos del Estado.
Según Saravia, las decisiones judiciales pueden representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y agregó que “esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización a las personas afectadas”.
Saravia indicó también que los procesos anulados emergen de un informe elaborado por expertos internacionales con 36 recomendaciones.
