Gobierno responde a la COB: No se impulsará privatización, se transparentarán créditos y se rechaza ley contra la protesta
La COB analizará la propuesta del Gobierno en un ampliado que se desarrolla este miércoles. Todo depende de esa cita para instalar el diálogo.
El Gobierno respondió a la Central Obrera Boliviana (COB) sobre su pliego de demandas. En ese marco, se comprometió a transparentar la negociación de los créditos, aseguró que no impulsará una privatización, pero además dijo que no apoyará una ley que criminalice la protesta pacífica.
La COB analizará la propuesta en un ampliado que se instalará en breve. Todo depende de esa cita para instalar el diálogo.
Este miércoles 17 de junio se cumplen 48 días de las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La COB, sectores campesinos y seguidores de Evo Morales exigen la renuncia del mandatario boliviano.
En el punto 3 del documento de conminatoria que presentó el ente matriz al Gobierno pide que se “garantice” que “no se impulsará ninguna privatización, capitalización, concesión encubierta ni entrega directa o indirecta de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros”.
Pero además, exigen que se frene las gestiones del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
”El Gobierno nacional ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano”, se lee en el documento del Gobierno.
“Respecto al financiamiento externo, el Gobierno nacional transparentará toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente, resguardando la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano”, se añade.
Sobre la distribución de recursos bajo la premisa del 50/50, el Gobierno anunció que “impulsará una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos con las instancias competentes, en el marco de la Constitución, el régimen autonómico yla sostenibilidad financiera del Estado”.
Además, el Ejecutivo anunció que “apoyara la conformación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el caso denominado ‘narcomaderas’ o droga incautada en Chile”.
En ese marco, también dijo que “no apoyará ninguna norma que criminalice la protesta pacífica ni que restrinja de manera desproporcionada el derecho constitucional a la movilización”.
“Sin embargo, el Estado mantendrá su obligación de garantizar la libre transitabilidad, el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, la circulación de ambulancias, el funcionamiento de servicios esenciales y la seguridad de la población”, se lee.
Conclusiones
El Gobierno de Paz “reafirmó su voluntad de diálogo” con la COB y los sectores sociales del país.
“La paz social no se construye con amenazas, imposiciones ni bloqueos. Se construye con diálogo responsable, compromisos verificables, respeto a la Constitución y atención seria de las demandas legítimas”, afirmó.
“La protesta pacífica será respetada. Las demandas sociales serán atendidas en mesas de trabajo. Pero el Gobierno nacional no puede renunciar a su obligación de proteger a millones de bolivianos que necesitan trabajar, circular, abastecerse, recibir atención médica, transportar alimentos, acceder a combustibles y vivir en paz”, remarcó el Gobierno.
En ese marco, la administración de Paz propone instalar de manera inmediata mesas de trabajo por ejes temáticos, con participación de las autoridades competentes, agenda pública, plazos definidos, actas verificables y seguimiento institucional.
“La línea del Gobierno es clara: diálogo sí; violencia, coacción, bloqueo de servicios esenciales e impunidad, no”, señaló.
