La Asamblea Legislativa sesiona este miércoles para definir si acepta o descarta ampliar el Estado de excepción
El Gobierno publicó este martes el Decreto Supremo 5707 para ampliar el Estado de excepción; sin embargo, debe contar con el visto bueno de la Asamblea Legislativa Plurinacional
Este miércoles, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se reunirá a las 16:00 horas en el Hemiciclo de La Paz para definir en Sesión Ordinaria si se acepta o descarta la ampliación del Estado de excepción.
La sesión ya fue convocada por el vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa.
El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 5707 que amplía por otros 90 días el Estado de excepción, vigente desde el 20 de junio, “mientras los factores de riesgo permanezcan”.
La norma debe ser analizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que tiene un plazo de 72 horas para pronunciarse.
Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, manifestó que el Estado de excepción podrá ponerse en vigencia “todas las veces” que la sociedad requiera orden, seguridad y convivencia pacífica.
Sin embargo, la posibilidad de replicar la medida condicionada por el marco constitucional, ya que el artículo 138 de la Constitución establece que “una vez finalizado el Estado de excepción, no podrá declararse otro Estado de excepción dentro del siguiente año, salvo autorización legislativa previa” (la continuidad de la medida debe distinguirse de la declaración de un nuevo Estado de excepción).
Mientras que por parte de diferentes legisladores hay posturas marcadas que apoyan y rechazan la ampliación de un Estado de excepción, así como sectores sociales y privados.
La Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados había aprobado previamente un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción, ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la “reactivación” económica del país.
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Entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro del país, con el respaldo de grupos afines a Morales, que provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejaron al menos 16 fallecidos y causaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.
