Legislativo afina el plan para defender las judiciales este martes en Pando con la elección del nuevo fiscal en puertas
El presidente de la Comisión de Constitución explicó que debido a este escenario, las comisiones encargadas del proceso decidieron “no instalar una sesión entre tanto no se resuelva” una acción popular que -según los especialistas- puede frenar el proceso.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, anunció que suman unos doce recursos constitucionales contra la selección de candidatos a las elecciones judiciales, pero el que acecha el proceso es una acción popular contra todo el proceso .
¿Es posible continuar de esta manera?, le preguntó La Revista de la red UNITEL al legislador.
“Con relación a la posibilidad de proseguir con este proceso, nosotros como asambleístas estamos convencidos de que tiene que existir un proceso de renovación de estas altas autoridades” del Órgano Judicial, dijo.
Sin embargo, los recursos legales presentados ante instancias constitucionales han frenado el trabajo y los tiempos se reducen cada vez más. Según el cronograma, el Legislativo tiene hasta el 6 de mayo para remitir las listas de los postulantes al Tribunal Supremo Electoral y las comisiones hasta ahora no pueden ejecutar los exámenes orales.
“Algunas son amparos constitucionales y se tiene una acción popular que tiene previsto que el día de mañana martes tenga que llevarse adelante la audiencia”, anunció el legislador sobre la audiencia que se instalará en los juzgados de Pando a las 09:00.
Jauregui explicó que debido a este escenario, las comisiones encargadas del proceso decidieron “no instalar una sesión entre tanto no se resuelva el último recurso constitucional que se ha interpuesto” y que -según los especialistas en la materia- puede frenar el proceso.
A diferencia de los anteriores recursos, en los que se planteaban reclamos personales sobre la inhabilitación o puntuación de un determinado postulante, la acción popular apunta al proceso como tal.
En esta causa, se observa “el elemento equidad e igualdad de género que debe garantizar la Ley 1549 y que la accionante señala que no se estuviese cumpliendo”.
Pero no es todo. Jáuregui dijo que en el petitorio el accionante “señala la suspensión del proceso y que tiene que remediarse aquella falencia de la Ley 1549”.
“Es por eso que no solamente los analistas o algunos otros sectores han señalado este extremo de la posibilidad de la paralización del proceso”, indicó y anunció que las comisiones desarrollan “una actividad para defender los contenidos de la Ley 1549” con el objetivo desvirtuar los argumentos de la acción popular.
En su criterio, “han existido elementos políticos que se han activado para presionar, para que se pueda respetar lo que se había trabajado en aquella oportunidad en la Cámara de Senadores con referencia al proyecto de ley 144 y varios elementos que integran este proyecto de ley que incluso fue objeto de que se activen movilizaciones en algunos departamentos, bloqueos de caminos, y que se concluyó con la construcción de una ley que es la 1549 en la Vicepresidencia”.
Más allá del tiempo en contra
Fiscal General
Otro trámite que se avecina y que es responsabilidad del Legislativo es la designación del fiscal General del Estado, que acaba su gestión en octubre.
Jauregui explicó que “la naturaleza de la elección del Fiscal General del Estado no involucra la participación de todo el pueblo boliviano en las urnas”, puesto que es “un proceso que involucra la decisión de la Asamblea Legislativa por dos tercios de los representantes, previa convocatoria pública”.
Aunque no hay un fecha para este proceso, los tiempos son cortos tomando en cuenta que la convocatoria debe publicarse 90 días antes.
Jauregui “la construcción de los consensos no necesariamente involucra los acuerdos al interior del MAS en sus dos sectores, el radical y el renovador” porque aunque “estos dos sectores puedan tener una sola idea y una sola visión, no le alcanza para llegar a los dos tercios”.
“Los dos tercios va a transitar por un acuerdo incluso entre las bancadas de oposición de Comunidad Ciudadana, del MAS renovador y del MAS radical para poder alcanzar los dos tercios”.
“Por tanto, la posibilidad de la renovación de la fiscalía transita por un tema de voluntades políticas no sólo del MAS, sino de toda la Asamblea Legislativa”, concluyó.
¿Puede el presidente del Estado nombrar a un fiscal general por decreto si es que no se llega a consensos?
“El artículo 172 de la Constitución Política del Estado prevé cuáles son las facultades y atribuciones del presidente del Estado y ésta no se encuentra dentro de esas atribuciones”, dijo.
¿Entonces, hay la posibilidad de una prórroga del fiscal general Juan Lanchipa en este caso?
“Acabo de señalar que el artículo 162 es taxativo con relación a las atribuciones del Presidente”, señaló.
En su criterio, la Asamblea Legislativa “está en la obligación de poder encaminar un proceso de renovación de esta alta autoridad con los procedimientos y los plazos que se han previsto conforme en orden”.
Sin embargo, en su juicio, “es demasiado anticipado” para referirse a una prórroga o algún otro mecanismo.
“Lo cierto es que se debe garantizar la institucionalidad y se debe garantizar el funcionamiento de las entidades, pero también se debe garantizar la labor de la Asamblea Legislativa”
