Libre califica de “irresponsable” ampliar el Estado de excepción sin informe y el PDC defiende prórroga por riesgo de movilizaciones
La asambleísta por Libre, Lissa Claros y el legislador por PDC, Alejandro Medinaceli exponen sus opiniones
Este 18 de septiembre concluye la vigencia del Estado de excepción, medida que prohíbe la realización de bloqueos en el país, y hay debate sobre su ampliación o no ante la amenaza de protestas en el mes de octubre.
La diputada Lissa Claros, de Libre y su colega Alejandro Medinaceli, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), expusieron sus posiciones.
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Claros sostuvo que la decisión corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero debe partir de un informe del Ejecutivo y una petición formal.
“Esta prerrogativa es de la Asamblea Legislativa. Primero haciendo un informe. Tiene que venir Rodrigo Paz a dar un informe al Parlamento de cómo ha evaluado estos tres meses”, dijo al cuestionar que se avance solo desde una comisión.
“Es totalmente irresponsable intentar ampliar a través del análisis únicamente de una comisión. Esto requiere un análisis exhaustivo por toda la ALP”, remarcó.
Para su parte, Medinaceli, señaló que “no es que el Gobierno pretenda, por voluntad propia, hacer una ampliación” sino que “se han ido recibiendo ciertas solicitudes, inquietudes”, ante los anuncios hechos por distintos sectores de instalar movilizaciones en las próximas semanas.
“Considerando de que hay cierta especulación por futuras movilizaciones, que sin duda atentarían nuevamente a la economía nacional” es que “algunas organizaciones sociales se han manifestado” al remarcar la “importancia y necesidad de ampliar la medida”, señaló el asambleísta.
Ante ello, remarcó que esta medida está respaldada por la Constitución Política del Estado.
Ampliación de medida ¿Impide hacer modificaciones en la CPE?
Claros consideró que la ampliación del Estado de excepción impediría “la posibilidad de hacer reformas constitucionales” que necesita el país para garantizar una ley de inversiones para consolidar una seguridad jurídica.
“O elegimos Estado de excepción o elegimos reformas constitucionales. Si en este momento no garantizamos elementos legales para tener una ley de inversiones estamos sometiendo a Bolivia a una agonía de una crisis energética”, sostuvo a tiempo de insistir que “nadie quiere bloqueos”, pero “se necesitan soluciones a los problemas”.
Por su lado, Medinaceli consideró que una posible ampliación del Estado de excepción no estaría en contradicción con mecanismos que viabilicen el análisis de la reforma Constitucional, pues debe existir un debate previo a las modificaciones.
“Cuando hablamos de reforma Constitucional no es solo los que se sientan a debatir. Es también un motivo de profundo análisis de todo lo que emprende la Patria, como las organizaciones sociales”, aseveró.
