Ministro Justiniano: “La transitabilidad se recuperó; sin embargo, la conflictividad no desapareció”
La autoridad de Defensa dio los argumentos ante el Legislativo para ampliar el Estado de excepción por 90 días, resaltando que deben existir mecanismos concretos para revisar y desactivar la medida
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, defendió ante la Asamblea Legislativa la ampliación del Estado de excepción por 90 días, pero planteó que ese periodo sea considerado un plazo máximo y esté sujeto a revisiones periódicas, advirtiendo que la recuperación de la transitabilidad de los últimos meses no implica que las condiciones de conflictividad hayan desaparecido.
“Los bloqueos disminuyeron de manera verificable. La transitabilidad se recuperó. La conflictividad, sin embargo, no desapareció”, resumió Justiniano ante los legisladores, al advertir que durante agosto y septiembre se registraron nuevos bloqueos, pese a la reducción de los piquetes en la Red Vial Fundamental.
La exposición se produjo durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el pleno pone en debate la continuidad y el alcance del Estado de excepción.
Como antecedente de la recuperación de la transitabilidad, Defensa expuso la reducción de los puntos de bloqueo registrados en la Red Vial Fundamental. Estos pasaron de 39 el 20 de junio a 35 ese mismo día, luego a 12 el 22 de junio y finalmente a cero el 23 de junio.
Sin embargo, Justiniano evitó atribuir ese resultado exclusivamente al Estado de excepción y señaló que también influyeron otros factores, entre ellos el diálogo y las decisiones sectoriales, reflejando así que la disminución de los bloqueos fue presentada como un hecho verificable, pero no como una señal de que la conflictividad haya quedado resuelta.
El ministro explicó que los 90 días solicitados por el Gobierno no deberían interpretarse como un periodo que necesariamente deba cumplirse en su totalidad y planteó que la evolución de las circunstancias sea evaluada durante la vigencia de la medida y que, si desaparecen las causas que la originaron, pueda disponerse su conclusión anticipada.
Además, reconoció además que los informes presentados ante la Asamblea no contienen una demostración matemática que permita determinar que 30 o 60 días serían necesariamente insuficientes.
Entre los aspectos que requieren precisión, mencionó la justificación específica del plazo de 90 días, la individualización de las medidas que continuarían vigentes y los mecanismos para revisar y desactivar la medida, al igual que la relación jurídica entre el Decreto Supremo 5707 y la autorización legislativa prevista por la Ley 1740.
