Mucarzel difunde audio en el que Jhonny advierte con “no dar ni un solo peso” al Concejo; Alcaldía responde que fue en un acto público
“Cualquier carta o solicitud, ya sea de fondos, no se les van a dar ni un solo peso”, señaló el alcalde Jhonny Fernández, tema que fue corroborado por el vocero municipal, quien dio los respectivos motivos
La concejal cruceña Silvana Mucarzel, disidente de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), difundió un audio atribuido al alcalde Jhonny Fernández, en el que se escucha una orden del Ejecutivo para frenar cualquier transferencia económica al Concejo Municipal.
“Cualquier carta o solicitud, ya sea de fondos, no se les van a dar ni un solo peso”, se escucha en el audio presentado por Mucarzel la tarde de este jueves.
Por su parte, el concejal Israel Alcocer denunció además que, debido a esta supuesta instrucción del alcalde, el Concejo enfrenta una grave crisis económica. “Dice que no le van a dar un peso, un quinto hay funcionarios que no tienen sueldo hace dos meses”, lamentó.
Desde el Ejecutivo, el vocero municipal Bernardo Montenegro confirmó la autenticidad del audio y dijo que fue grabado en una reunión pública del alcalde, explicando que la decisión de no transferir fondos responde a que la elección de la directiva del Concejo fue ilegal.
Montenegro criticó duramente a los concejales denunciantes, tildando su accionar de “desesperado” y las acusaciones de “absolutamente falsas”. Recalcó que lo dicho por el alcalde no fue un secreto, sino parte de una exposición abierta ante la ciudadanía.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial del alcalde sobre el contenido del audio. La polémica suma un nuevo capítulo a la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal cruceño.
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En el audio, también se hace referencia al proceso del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los curules de Mucarzel y Alcocer, quienes cuestionaron cómo Fernández tenía conocimiento del informe que aún no fue publicado oficialmente.
“Ya tiene un informe de rechazo”, se escucha decir en la grabación. Esto, según los denunciantes, demostraría una posible injerencia o acceso anticipado a decisiones del TSE, lo que calificaron como “irregular” e “inquietante” desde el punto de vista legal.
